MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
CiU insta al Gobierno a crear un Fondo Sanitario específico para la financiación de las innovaciones farmacoterapéuticas, aprobadas por el Ministerio de Sanidad e incluidas en el catálogo de medicamentos de financiación pública.
Según explica, dicho fondo sería finalista y adicional a cualquier otro fondo o dotación destinada a prestaciones de bienes o servicios sanitarios y además quiere que sea distribuido entre comunidades autónomas, por los criterios que se determinen en la conferencia sectorial, con la finalidad de que las administraciones autonómicas puedan asumir la financiación de los costes de las innovaciones.
Se trata de una proposición no de ley, recogida por Europa Press, y registrada para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
UN SECTOR ESTRATÉGICO
Los nacionalistas catalanes comentan que la industria farmacéutica constituye un "sector estratégico de suma importancia" por ser generador de un gran número de puestos de trabajo y contribuir notablemente a la capacidad productiva del país.
A su juicio, es también un sector líder de la economía española en investigación, desarrollo e innovación, un sector que además contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos, redundando así en mayor bienestar y calidad de vida.
El principal cliente de la industria farmacéutica es el Sistema Nacional de Salud, que dedica elevados recursos a la financiación de medicamentos, así como recursos que en las últimas décadas han tenido crecimientos notables a causa de la incorporación de nuevos tratamientos de coste generalmente elevado.
En un contexto de crisis como el actual, CiU ve "de vital importancia" conjugar la necesaria promoción de un sector estratégico altamente innovador con la sostenibilidad del sistema sanitario público, que dispone de unos recursos cada vez más limitados.
LA FINANCIACIÓN ES DE LAS CC.AA.
Además, cree que la distribución competencial hace que la decisión sobre la financiación de nuevos tratamientos con cargo al Sistema Nacional de Salud corresponda al Gobierno central, mientras que la financiación de dichos tratamientos corre a cargo de las comunidades autónomas.
Así, entre las administraciones públicas, CiU recuerda que son las comunidades autónomas las que están obligadas a afrontar el grueso del ajuste de la administración, lo cual limita e impide su capacidad de asunción del superior coste de los nuevos tratamientos.
Sin embargo, advierte de que este condicionante no debiera ser obstáculo para que las novedades farmacológicas que aporten realmente un valor terapéutico puedan incorporarse al catálogo de medicamentos financiados públicamente.
