Actualizado 31/05/2010 18:46 CET

CISNS.- AMPL.- Jiménez mantiene su voluntad de seguir adelante con la ley del aborto, pese a la oposición del PP

Las menores de 16 ó 17 años en riesgo de "violencia familiar" podrán pedir un informe psicológico para hacerlo sin comunicarlo a los padres

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha asegurado este lunes que seguirá adelante con el desarrollo de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, insistiendo en que el recurso de inconstitucionalidad que presentará mañana martes el PP "no paraliza el desarrollo de la ley", que entrará en vigor el próximo 5 julio "como estaba previsto".

En rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado en Madrid, Jiménez ha señalado que "raramente" el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, al tiempo que advierte que la norma no tolerará "ningún resquicio legal" que permita a comunidades autónomas, como Navarra, negarse a su cumplimiento.

"No hay resquicios legales posibles, ya que las leyes se aprueban para el conjunto del territorio español y son de obligado cumplimiento para todos los gobiernos autonómicos, como se va a ver", ha manifestado la ministra.

Además, la ministra ha reconocido que, aunque la postura del PP en el Congreso de los Diputados es "respetable como la de cualquier otro grupo parlamentario ", "no la comparte en absoluto" ya que "es una actitud que no tiene nada que ver con la realidad que se está tratando", ya que el debate de la interrupción voluntaria del embarazo se hizo en España hace más de 20 años".

"Todos estamos de acuerdo en que no se puede penalizar la situación de una mujer que tiene que acudir a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que su obligación es ofrecer un marco jurídico de total garantías desde el punto de vista clínico para la mujer, y desde el punto de vista jurídico para los profesionales", recuerda Jiménez.

De este modo, el ministerio ha presentado a las comunidades dos reales decretos que marcan el desarrollo de la ley, uno sobre el procedimiento a seguir y sobre la garantía de calidad de prestación en las interrupciones involuntarias del embarazo, que aunque no han contado con el apoyo de las comunidades 'populares, como Madrid, Castilla y León o Comunidad Valenciana, pasarán a una fase de alegaciones y "seguirán el calendario previsto".

ACCESO "POR IGUAL" PARA TODAS LAS MUJERES

En cuanto a las prestación de las interrupciones voluntarias de los embarazos, el objetivo de la norma es garantizar a todas las mujeres el acceso a esta prestación "por igual y con independencia del lugar donde residan".

Así, los servicios de salud de indicar en un plazo de diez días naturales desde que la mujer presenta su solicitud en qué centro se le facilitará la prestación o, en su defecto, comuniquen por escrito el compromiso de abono de los costes de la intervención en los supuestos excepcionales en que no se pudiera facilitar en tiempo la interrupción voluntaria del embarazo.

La norma regula también las condiciones de acreditación de centros para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como el tipo de instalaciones o el equipamiento, y para la emisión de dictámenes preceptivos que se exigen en los supuestos de interrupción por causas médicas.

Además, se establece un plazo de tres meses para que los centros actualmente acreditados puedan adecuarse a las condiciones expresadas en la nueva regulación.

Del mismo modo, con relación a la información previa al consentimiento de la mujer gestante, se establece "un proceso de información previo, claro y objetivo", ya que "la información es la circunstancia determinante de la decisión de la mujer embarazada para seguir adelante con la gestación o proceder a su interrupción".

En referencia a uno de los temas polémicos, el consentimiento informado de las mujeres de 16 ó 17 años, Jiménez asegura que éstas podrán prescindir de informar a sus padres o tutores legales cuando corran el riesgo de "sufrir violencia intrafamiliar", algo que tendrá que determinar el médico que realice la intervención, quien se podrá ayudar para ello con el informe psicológico o el de un trabajador social.

De hecho, aclara el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, las menores podrán acudir a un psicólogo para la elaboración de dicho informe sin que esto provoque la saturación asistencial ni "tengan que esperar ninguna cola" en las consultas.