Andalucía rechaza el copago porque supone "una bajada de pensiones y un nuevo impuesto a los trabajadores"

Montero Atiende A Los Medios A Su Llegada Al Consejo Interterritorial
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 18 abril 2012 14:57

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Salud en funciones, María Jesús Montero, ha manifestado su "rechazo frontal" a la medida anunciada por el Gobierno que propone el establecimiento del copago farmacéutico en función de la renta en lugar de por criterios de actividad laboral como sucede hasta ahora porque, según ha subrayado, supone "una bajada de pensiones y un nuevo impuesto a la renta del trabajo" al tiempo que las rentas del capital siguen sin verse afectadas.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se celebra este miércoles en Madrid bajo la presidencia de la ministra del ramo, Ana Mato, la responsable andaluza ha criticado que la medida, "conocida con nocturnidad y alevosía" anoche, "pasa la factura de la crisis a los pensionistas y a los trabajadores con nómina, es decir, a aquellas rentas del trabajo que tienen más dificultad para llegar a fin de mes".

"De facto, significa la reducción de las pensiones y un nuevo impuesto a las rentas del trabajo", ha dicho Montero, para quien "no parece de justicia que en momento de dificultad económica se plantee una mayor dificultad a aquellas personas que tienen menos recursos" al tiempo que los grandes capitales siguen "al margen".

Por otro lado, ha señalado que la medida no permitirá el ahorro que apunta el Ministerio de Sanidad sino uno muy inferior que, según sus cálculos, no superará los mil millones frente a los 3.700 que ellos plantean y, en concreto, en Andalucía la cifra de ahorro será "inferior" a la que se conseguiría con el mecanismo de la subasta de medicamentos, unos 150 millones de euros frente a los 200 de la medida propuesta por la Junta, según los datos aportados por la consejera.

A la vista de que el impacto económico de la medida no es "ni de lejos" el que calcula el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el PSOE tienen "propuestas alternativas" y, en este sentido ha citado la subasta de medicamentos apuntando que el gasto farmacéutico "tenía todavía margen para poder arañar unos euros a los beneficios que tienen esas multinacionales". En esa línea ha dicho que si se aplicaran en el conjunto del Estado medidas como las que se hacen en Andalucía se produciría un ahorro cercano los 10.000 millones de euros.

MEDIDA IDEOLÓGICA

Por otra parte, la consejera ha advertido de los riesgos que puede tener el hecho de que los jubilados tengan que pagar por sus medicamentos, aunque "a alguien le pueda parecer una cantidad pequeña". "Puede provocar un desapego de los ciudadanos a los tratamientos, que dejen de adquirirlo en las farmacias, un agravamiento de su estado de salud y, lo que sería peor, un empeoramiento de las patologías que obligaría a un coste más alto", ha previsto.

De hecho, Montero considera que si a eso se suma que la medida no ahorraría los mil millones de euros que prevé el Ministerio y que sería necesario cambiar todo el sistema de identificación de pacientes para saber en qué grupo se englobarían, se puede concluir que la misma "tiene más costes que ahorro". "Parece más una medida ideológica que quiere abrir la puerta a que progresivamente se vaya pagando por la atención sanitaria, a que el copago tenga la entrada en el Sistema Nacional de Salud", ha dicho.

En otro orden de cosas, preguntada por si existe la posibilidad de que Andalucía sufragase ese copago para los pensionistas como se ha hecho en otras ocasiones con medicamentos desfinanciados, Montero ha dicho que éste no es un modelo de financiación sino que será aprobado por un decreto ley o similar, de obligado cumplimiento por parte de las administraciones.

"Lo que en otras ocasiones se ha planteado es la exclusión de algún medicamento o la financiación de algún medicamento que se retiraba de la cartera de servicios pero nunca en la historia del Sistema Nacional de Salud se ha planteado una medida de este tipo y nunca una comunidad ha tenido ningún margen para poder modular las aportaciones que el Gobierno puede desarrollar planteando que sean las personas las que contribuyan", ha concluido.