MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
Cesida, la Coordinadora Estatal de VIH y Sida, ha celebrado que el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de León haya estimado el recurso presentado por un paciente con VIH en situación de vulnerabilidad social y haya anulado una factura de 4.805,21 euros emitida por la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (SACYL).
"La resolución, dictada el 10 de octubre de 2025, reafirma la prevalencia del derecho fundamental a la protección de la salud sobre requisitos administrativos formales, especialmente cuando concurren circunstancias de urgencia médica y vulnerabilidad social", destacan desde Cesida.
La sentencia considera probado que el paciente llegó a España el 19 de octubre de 2024, se empadronó en Ponferrada cuatro días después y buscó regularizar su acceso a la sanidad desde el inicio a través de la Asociación Caracol. Sin embargo, según la resolución, las "trabas" administrativas impidieron su acceso a la Atención Primaria, lo que derivó en un empeoramiento clínico que desembocó en una atención de urgencia, con posterior ingreso hospitalario e intervención quirúrgica.
La resolución judicial subraya que esta situación es consecuencia de "disfunciones del propio sistema", ya que, en su conjunto, "falló en proporcionar un cauce de acceso reglado a una persona con una patología crónica grave y en situación de vulnerabilidad, obligándole a recurrir a la vía de la urgencia cuando su salud ya se había deteriorado significativamente".
Además, otra de las claves para la resolución del caso reside en el análisis de las circunstancias en las que se produjo la asistencia. "La Administración yerra al minimizar la gravedad del cuadro clínico y desvincularlo de la patología de base del afectado, describe el escrito", subrayan desde Cesida.
"Un absceso que requiere drenaje quirúrgico en un paciente con el VIH, que además ha visto interrumpido su tratamiento, no es una dolencia menor, es una urgencia en la que la falta de atención inmediata podría haber conllevado consecuencias de extrema gravedad. El nexo entre la inmunosupresión derivada del VIH no tratado y la aparición de un proceso infeccioso severo es una evidencia médica, añade la sentencia. Un análisis respaldado asimismo por los profesionales sanitarios del Hospital El Bierzo", explican.
Según resalta Cesida, la sentencia es firme al no admitir recurso de apelación y reconoce el derecho a la gratuidad de la asistencia sanitaria prestada. Además, impone las costas procesales a la Administración demandada, la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo de la Junta de Castilla y León.
"Este caso evidencia cómo determinadas barreras administrativas pueden poner en riesgo la salud de personas en situación de grave vulnerabilidad", ha indicado Raquel Rodríguez, educadora social en la Asociación Caracol, quien confía en que la sentencia "contribuya a corregir prácticas excluyentes en el circuito de acceso a la atención sanitaria y a mejorar la atención a las personas migrantes y con VIH en toda la provincia y en la comunidad".
Por su parte, Oliver Marcos, secretario general de Cesida y educador par en el ámbito hospitalario, afirma que, en multitud de ocasiones, las personas migrantes "se encuentran con muchas trabas para el acceso al sistema sanitario". Así, asegura que la protección de la salud como derecho fundamental y la salud pública como competencia de las administraciones públicas, "deben ser pilares fundamentales" para garantizar el tratamiento antirretroviral en personas con el VIH.
Cesida denuncia que en Castilla y León ya son varios los casos documentados de personas migrantes a las que se les niega el acceso al tratamiento antirretroviral por cuestiones administrativas. "Las entidades de la comunidad se han reunido en varias ocasiones con la dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, sin haber encontrado aún una solución a estas situaciones", añaden.
