MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Coordinadora Estatal de VIH y sida, CESIDA, Ramón Espacio, reclama más implicación política para evitar el derrumbe del sistema sanitario en las prisiones, que considera se ha convertido en un "barco que se hunde".
La ley de cohesión de sanidad de 2003 daba un plazo de 18 meses para transferir las competencias de sanidad penitenciaria desde el Ministerio de Interior a los Servicios Autonómicos de Salud. La reivindicación de integrar estos servicios penitenciarios ha sido defendida por múltiples organismos, como la Organización Médica Colegial (OMC), cuya coordinadora de Sanidad Penitenciaria de la Vocalía de Atención Primaria, Carmen Hoyos, reclamó en mayo que este asunto se tratara en el próximo Consejo Interterritorial que estará centrado en la financiación.
La experta, quien participó en la jornada 'Presente y futuro de la sanidad penitenciaria' organizada por CESIDA, ha criticado especialmentela falta de profesionales y de relevo dada la precariedad y la desigualdad salarial existente entre los médicos de atención primaria y los de sanidad penitenciaria. "Un médico o farmacéutico cobra unos 1.450 euros menos mensuales, los enfermeros de prisiones cobran 300 eurosmenos".
Asimismo, la falta de profesionales en algunos centros penitenciarios es flagrante. En Ibiza, por ejemplo, han estado sin médico de octubre a enero y en Puerto 1 de junio a septiembre. Además, esta situación se agrava por la próxima jubilación de casi el 80 por ciento de la plantilla sanitaria penitenciaria.
Por su parte, la subdirectora general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martinez Aznar, ha afirmado que se trabaja en avanzar la negociación de las transferencias en 14 comunidades autónomas en el escaso tiempo que lleva en el cargo. Además, ha destacado su labor para progresar en la compatibilidad de los sistemas informáticos y la telemedicina entre centros penitenciarios y los sistemas autonómicos de salud como primer paso para hacer posible este logro.
La inauguración del encuentro corrió a cargo de Julia del Amo, directora de la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida, quien ha destacado que se han iniciado conversaciones entre la Dirección General de Salud Pública e Instituciones Penitenciarias para renovar el convenio de colaboración entre ambas que actualmente está paralizado.
Precisamente, Andrés Marco, coordinador de Enfermedades Infecciosas del Institut Catalá de Salut, ha reforzado la necesidad de esta colaboración, ya que "aquella Salud Pública que no tiene en cuenta a su población reclusa no es Salud Pública"; mientras que Javier Vilalta, de la Asociación mbit, dedicada a la intervención con personas privadas de libertad, ha alertado en la jornada de que "en España se vulneran los derechos humanos de las personas reclusas".
ENFERMEDAD MENTAL EN LA POBLACIÓN RECLUSA
Uno de cada cuatro reclusos, es decir, el 25,6% de las personas reclusas tiene una patología mental, y la cifra se eleva a casi la mitad de la población (49,6%) si se tienen en cuenta el abuso o dependencia de drogas. Estos datos, le han servido a Vilalta para explicar que muchas de las personas encarceladas en realidad serían inimputables, es decir, que su enfermedad mental les exime de la pena por el delito, pero la falta de recursos de salud mental en la sanidad pública tiene como consecuencia que terminen en prisión.
La situación de vulneración de derechos es más grave en colectivos que sufren mayor estigma como son las personas trans. Manuel Ródenas, coordinador del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, ha hablado de los numerosos casos en los que una persona trans es asignada a un módulo que no se corresponde con su identidad de género, a pesar de que existe una instrucción que lo regula.
