MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Consejo Económico y Social (CES) ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre el anteproyecto elaborado por el Gobierno para reformar la Ley antitabaco de 2005 como parte de la trasposición de la Directiva Europea del tabaco, si bien echa en falta una evaluación de los efectos que conllevó dicha norma en su momento.
Según detallan en su dictamen, el texto del anteproyecto que aprobó en junio el pasado mes de junio transpone adecuadamente el contenido de la Directiva "con carácter general y salvo algunas observaciones", pese a haber incumplido los plazos establecidos para su elaboración.
Asimismo, reconoce este órgano consultivo, se echa en falta una evaluación de los efectos de la aplicación de la norma que, entre otras cosas, prohibió el consumo de tabaco en los centros de trabajo, establecimientos de hostelería, estaciones, puertos y medios de transporte y centros de formación entre otros. Una evaluación que "ayudaría a contextualizar dichos cambios en los objetivos de la política de Salud", según precisan.
Además, el CES reconoce que desde la aprobación del anterior texto de 2005, han surgido nuevos dispositivos y formas de consumo de tabaco, como los cigarrillos electrónicos, cuya inocuidad ha sido puesta en tela de juicio, al tiempo que han proliferado canales de venta y distribución telemáticos.
"Esta situación hacía necesaria una actualización de la normativa vigente teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad de la población más joven", según explican, dado que los efectos del consumo de tabaco "pueden resultar más perjudiciales en las personas que se encuentran en fase de desarrollo".
Además, la consolidación de hábitos es más probable durante la juventud, a lo que unen la facilidad para adquirir esos productos a través de Internet, medio que forma parte de la realidad cotidiana de la población joven en España.
Por ello, el CES valora positivamente que el Anteproyecto profundice en este enfoque especialmente protector de la salud de los menores, extendiéndolo al consumo de nuevos productos del tabaco o de dispositivos que contengan nicotina.
Y entiende que el interés superior del menor debe ser valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado, tal y como establece la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
ESPAÑA HA OPTADO POR UNA PROTECCIÓN "MÁS RESTRICTIVA" DE LOS MENORES
No obstante, hay que tener en cuenta que la Directiva deja libertad a los Estados miembros a la hora de elegir las medidas de protección de los menores, habiendo optado el legislador español por la más restrictiva, al prohibir con carácter general la venta a distancia o a través de los medios de la sociedad de la información de ese tipo de productos.
El CES considera que esta medida puede resultar ineficaz en el contexto mundial en que se desarrollan las ventas a distancia y las transacciones en Internet, al tiempo que puede implicar distorsiones en el mercado que es necesario evitar.
Por ello, el dictamen estima que más allá de los filtros de protección que puedan proporcionar ciertos instrumentos informáticos o de los mecanismos de control de la edad que se puedan desarrollar en el entorno digital, se debe incidir fundamentalmente en la información y la educación de los menores y el necesario asesoramiento a sus padres y tutores legales en el uso de Internet y sus riesgos para la salud y la seguridad.
