VALENCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato médico CEMSATSE, mayoritario en la Mesa Sectorial de Sanidad, ha presentado un recurso contra la orden que regula la jubilación de los facultativos en el marco del plan de recursos humanos en el sector sanitario promulgado por el Consell, al considerar que la jubilación forzosa a los 65 años es "discriminatoria y anticonstitucional".
Así lo ha anunciado la organización sindical en un comunicado, en el que señala que tras estudiar dicho el decreto pedirá la suspensión previa de su aplicación al juzgado, ya que "conculca derechos adquiridos de los médicos y enfermeros" y mientras se estudia su eventual anticonstitucionalidad "provocaría injusticias en más de 500 médicos".
El sindicato ha explicado que al tiempo que se aprobaba el plan de recursos humanos se dio luz verde a la orden de jubilación de los mayores de 65 años, con lo que considera que "se conculcó claramente la negociación obligada por ley", dado que "no se puede aprobar un decreto y seguidamente, sin negociación, la orden" que deriva de él. "Es insultante para los representantes de los trabajadores", han incidido las mismas fuentes.
Asimismo, han advertido de que su aplicación "plantea un agravio comparativo evidente, ya que está excluido una serie de personal de la Conselleria solo por tener tipos de contratos diferentes". En este sentido, desde CEMSATSE han detallado que los médicos con plaza por ser titulares de las facultades "no se jubilan a pesar de que el nivel docente de los médicos que según el plan de jubilación se deben jubilar es de formar a especialistas, son docentes de especialidad".
"La monstruosidad es evidente, ya que estos forman a los que ya son médicos, un nivel superior de formación que formar solo a un médico", han agregado.
Además, han criticado que la administración "ha comenzado abriendo un melón en contra de los mayores", personas con una mayor experiencia dada su dilatada trayectoria. El sindicato ha aseverado que también pondrá este decreto en conocimiento del Defensor del Pueblo, ya que "puede afectar claramente a derechos que están incluidos en la Constitución, como el derecho a la jubilación, que es personal y no de la administración".
