Archivo - Imagen de recurso de una persona con Alzheimer. - SEB_RA/ ISTOCK - Archivo
MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA) ha remitido una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que traslada la situación de "inequidad" generada por la falta de financiación pública de los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales.
En su escrito, CEAFA recuerda que los fármacos fueron autorizados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en 2025 para determinados pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase temprana, bajo estrictos criterios clínicos y de seguridad. Sin embargo, subraya que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha rechazado en varias ocasiones su inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, la última vez el pasado 15 de julio.
Como consecuencia, la confederación destaca que estos tratamientos permanecen fuera de la financiación pública, mientras que su autorización de comercialización permite su prescripción en el ámbito privado para quienes puedan costearlos. "Personas con la misma enfermedad, la misma necesidad sanitaria y la misma indicación clínica reciben así una respuesta diferente en función de sus recursos económicos", advierte.
A esta desigualdad, añade, se suma la urgencia del tiempo, puesto que el acceso a estos tratamientos solo es posible en las etapas tempranas del Alzheimer. Así, cada mes de retraso hace que personas que hoy cumplen criterios clínicos dejen de cumplirlos, lo que conlleva la pérdida definitiva de la oportunidad de beneficiarse de una terapia que podría ralentizar la progresión de su enfermedad.
CEAFA enmarca esta reivindicación como una cuestión que afecta directamente al ejercicio de derechos fundamentales y no únicamente como un debate sobre política farmacéutica. Señala que la falta de acceso equitativo compromete el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española y debe valorarse según el artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva.
La queja también invoca los principios de equidad e igualdad efectiva recogidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que muchas personas con Alzheimer se encuentran o llegarán a encontrarse en situación de discapacidad o dependencia.
REUNIÓN CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
La confederación recuerda que el pasado mes de julio, tras el rechazo reiterado de la financiación de los tratamientos, junto con siete sociedades científicas, hizo pública una carta abierta en la que expresaba su profunda decepción por la decisión de la CIPM.
En ella, defendía que la respuesta no debía ser limitar el acceso a estas terapias, sino incorporarlas de forma ordenada, con una selección estricta de pacientes y seguimiento especializado, de modo que quienes cumplen los criterios clínicos puedan decidir libremente, con información transparente, si desean acceder a ellas.
Por todo ello, y dado que entre las funciones constitucionales del Defensor del Pueblo se encuentran la defensa de los derechos reconocidos en la Constitución y la supervisión de la actuación de las administraciones públicas, CEAFA ha solicitado un encuentro con Ángel Gabilondo para trasladarle de primera mano la realidad de los pacientes y sus familias.
