MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras (CC.OO) ha alertado al Gobierno de que el proyecto de Real Decreto que está realizando el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sobre la asistencia sanitaria transfronteriza, transponiendo una Directiva europea, puede convertirse en una "nueva barrera" de acceso a la atención sanitaria, en función de la renta económica disponible, al "obligar" a los pacientes a adelantar los gastos de su tratamiento cuando éste deba producirse en otro Estado europeo.
En concreto, y tras reconocer que esta Directiva resuelve "algunos de los problemas producidos" cuando una persona recibe asistencia sanitaria en otro país europeo, el sindicato ha denunciado el artículo 5.1 del proyecto de Decreto, que establece que es el paciente quien debe costear los gastos derivados de su asistencia sanitaria a pesar de que le serán reembolsados posteriormente.
"Es un criterio que rompe la igualdad de acceso, limitando esta posibilidad a quienes tienen capacidad económica de adelantar los fondos necesarios para su asistencia sanitaria, además de los correspondientes de viaje y alojamiento", ha señalado CC.OO.
En este sentido, el secretario Confederal de Protección Social y Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha recordado que la Directiva Europea permite utilizar sistemas de compensación entre los Estados en aquellos casos en los que se necesite una autorización previa o, de manera especial, para diagnósticos y tratamientos de pacientes con discapacidad o con enfermedades raras.
Por tanto, a su juicio, la "obligación generalizada" de que el paciente abone los gastos de su asistencia y luego reclame el reembolso de los mismos se convertirá en una "barrera insalvable" para muchos pacientes. "5.000 pacientes al año requerirán este tipo de asistencia según lo previsto por el Gobierno, de los que 750 necesitarían autorización previa", ha apostillado.
Igualmente, el sindicato ha rechazado el artículo 10.3 que excluye del reembolso los gastos conexos cuando, sin embargo, la Directiva considera esta posibilidad para gastos de alojamiento, viaje o gastos adicionales en los que puedan incurrir personas con discapacidad.
"Debería establecerse así en el proyecto de Sanidad, aunque sea con límites y cautelas o sistemas de autorización previa. Habría que incluir, también, a pacientes con enfermedades raras. Teniendo en cuenta que los gastos de asistencia suelen ser elevados, que el proyecto excluye los gastos conexos y que pueden llegar a transcurrir hasta seis meses entre el pago de la asistencia por el paciente y la resolución del procedimiento de reembolso por la Administración, nos encontramos ante obstáculos evidentes para el acceso a la asistencia sanitaria transfronteriza, que quedará limitada a aquellas personas que se lo puedan permitir por su nivel de renta", ha apostillado CC.OO.
Dicho esto, la organización sindical ha asegurado al Gobierno de que todavía "está a tiempo" de corregir el texto y le ha recordado que lo "fundamental" es garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y los derechos de los pacientes y, "no" introducir una "buena dosis" de liberalización y de competencia en el sector porque, a su entender, esto conlleva a una "significativa oportunidad" para la sanidad privada y un "doble reto" para el sector sanitario público, tal y como se afirma en el preámbulo del proyecto.
"No debería ser esta norma considerada tanto una nueva oportunidad de mercado, línea que parece marcar el proyecto, como una nueva vía para asegurar que los pacientes tienen derecho a una asistencia sanitaria segura y de alta calidad", ha comentado.
Finalmente, el sindicato ha pedido que en el informe se explique también la diferencia entre este sistema de asistencia sanitaria transfronteriza y los derechos derivados de la tarjeta sanitaria europea; y que se asegure una "adecuada coordinación" de la información entre todas las partes implicadas: Punto Nacional de Contacto en el ámbito de la Administración del Estado, unidades responsables de las comunidades autónomas y proveedores de asistencia sanitaria.
"Al margen de estos aspectos, el proyecto de RD admite mejoras técnicas que sin duda reforzarán los derechos de los pacientes a recibir la asistencia sanitaria necesaria", ha zanjado.
