MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han tachado de "engaño" el decreto ley aprobado el Gobierno de España, dotado de 500 millones de euros, para atender a los pacientes con ELA y crear un nuevo grado de dependencia, el grado III+, han pedido una financiación "realista" y han criticado que el decreto se ha hecho "con oscurantismo".
Así lo ha calificado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, tras el Consejo Territorial Extraordinario convocado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y celebrado este jueves. Además, ha alertado de que "van a tardar mucho tiempo en recibirlas".
"Hemos podido visibilizar que el texto que aprobó el Consejo de Ministros esta semana es un engaño también para los pacientes de ELA porque no ha aprobado una financiación que sea exclusiva para atender a esos pacientes. Hay una parte que va dedicada a la atención a la dependencia, una atención a la dependencia que está infrafinanciada en todas las comunidades autónomas y que llevamos también años reclamando", ha criticado.
En este sentido, la consejera ha reprochado al Gobierno que todavía "no tiene planificado" el desarrollo de la financiación, por lo que ha advertido de que estas personas "van a tardar mucho tiempo en recibir estas ayudas" y ha añadido que algunos pacientes con determinadas necesidades "no entrarían en esas ayudas que pretende el Gobierno ahora trasladar".
Asimismo, ha insistido en que la ley indica que el Ejecutivo central "tiene que aportar el 50% de la atención a la dependencia". Según sus datos, en 2024 debería destinar 2.500 millones de euros para todas las comunidades autónomas.
Por su parte, la Xunta de Galicia ha denunciado este jueves en la reunión del Consejo Territorial de Servicios sociales que las ayudas para personas con ELA comprometidas esta semana por el Gobierno central solo llegarán al "5%" de los pacientes.
Además, la consejera de Política Social e Igualdad de la Xunta, Fabiola García, considera que el acceso al nuevo grado de dependencia "será extremadamente complejo", ya que muchos de los enfermos fallecen antes de cumplir las condiciones. Apunta además que, aun en caso de conseguir acreditarlos, su esperanza de vida será previsiblemente corta.
El Ejecutivo autonómico también ha denunciado que en la reunión el Gobierno central ha supeditado la concesión de estas ayudas en 2026 a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Mientras, el Gobierno de Aragón ha avanzado este jueves que ha salido del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia "con el compromiso de estudiar a fondo" el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros sobre la atención a los pacientes ELA, pero ha afeado al Ejecutivo central que "todo se ha hecho con oscurantismo y sin participación de las comunidades autónomas".
Fuentes del Ejecutivo aragonés han apuntado que la comunidad autónoma ha participado en la reunión "con total predisposición a escuchar", pero han mostrado su preocupación por el hecho de que conocieron el contenido del decreto ley en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
"No se ha trabajado ni con los enfermos de ELA y sus familias, ni con las comunidades autónomas, que somos quienes tendremos que implementarlo", han asegurado.
Asimismo, han indicado que han recibido la información "24 horas antes de la reunión, convocada también con escaso margen", por lo que en el Consejo Sectorial han defendido por videoconferencia que la ley "no puede quedarse en grandes titulares y convertirse en una fuente de frustración para los enfermos de ELA y sus familias".
Han remarcado también que velarán por el cumplimiento de la ley en la Comunidad, pensando en los aproximadamente 90 pacientes diagnosticados con esta enfermedad en Aragón, y han instado al Gobierno de España a que permita a las autonomías que aporten en el desarrollo de la normativa.
FINANCIACIÓN SUFICIENTE
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha comentado que se trata de una competencia gestionada por las comunidades autónomas "y toda nueva medida debe ir acompañada de una financiación suficiente, estable y realista".
Así, ha afirmado que Cantabria comparte el objetivo de reforzar a las personas "más vulnerables" y trabajará para aplicar el nuevo grado III+ "con la mayor celeridad posible", y para aplicarlo en las situaciones de dependencia extrema, ha pedido "corresponsabilidad por parte del Estado en la financiación, no solo para este año sino para el resto de anualidades".
La consejera ha precisado que los anuncios "deben ir acompañados de una planificación clara, criterios técnicos y definidos, y recursos adecuados" y ha subrayado el compromiso del Gobierno de Cantabria para seguir mejorando la atención a la dependencia "desde la seriedad, la responsabilidad y la cercanía, priorizando el bienestar de las personas y escuchando siempre a los enfermos y sus familiares".
En este sentido, ha asegurado que Cantabria mantendrá en el presupuesto del próximo año las ayudas destinadas a la contratación de cuidadores de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que en la convocatoria de 2025 ha contado con 200.000 euros y ha beneficiado a 10 familias.
Asimismo, Gómez del Río ha avanzado la deducción fiscal del 50% de los gastos médicos y de tratamiento de la enfermedad, hasta un máximo de 2.000 euros y sin límite de renta.
