MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que ratifica las autorizaciones provisionales que permiten al Ministerio del Interior, concretamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, suscribir convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Madrid y Región de Murcia para garantizar la prestación de asistencia sanitaria a la población interna de los centros penitenciarios ubicados en esas autonomías.
Para ello, la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras abonará una cantidad o módulo por cada recluso con el fin de atender sus diferentes necesidades de atención médica y sanitaria que puedan surgir.
En concreto, la cantidad a aportar por el Ministerio del Interior para Andalucía es, en el ejercicio 2013, 2.600.239,18 euros, y en el ejercicio 2014, 1.300.119,59 euros; para Extremadura, en el ejercicio 2013, 216.033,40 euros, y en el ejercicio 2014, 108.016,70 euros; para Murcia, en el ejercicio 2013, 269.563,80 euros, y en el ejercicio 2014, 134.781,90 euros; y para la Comunidad de Madrid, en el ejercicio 2013, 2.004.750 euros, en el ejercicio 2014, 4.009.500 euros, y en el ejercicio 2015, 1.002.375 euros.
Se trata, según ha asegurado el Gobierno, de un acuerdo que supondrá un ahorro para la Administración Penitenciaria, al evitarle tener que pagar a la administración sanitaria autonómica correspondiente cada una de las facturas por cada acto de atención que preste a los reclusos en un centro penitenciario.
El objeto esencial de estos convenios es establecer y regular la cooperación entre las consejerías afectadas de dichas Comunidades Autónomas y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la prestación de asistencia sanitaria a la población interna de los Centros Penitenciarios ubicados en las citadas Comunidades Autónomas.
En los textos figuran las diferentes áreas de actuación, educación para la salud, medicina preventiva y vigilancia epidemiológica, salud ambiental, salud mental, etcétera. Además, se establece las obligaciones de las partes con respecto a cada una de dichas áreas.
