BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Cataluña reclama al Gobierno de España el traspaso de 54,9 millones de euros en concepto de la atención sanitaria que reciben pacientes de otras comunidades autónomas cada año, en una concesión que circunscribe en "el principio de lealtad institucional".
La cifra, que han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Salud, hace referencia especialmente a casos de pacientes de la Franja de Aragón que son tratados en Lleida, si bien también se han detectado casos de nuevos empadronados con una motivación sanitaria.
De hecho, el Govern ya ha avanzado que con la tramitación de la llamada ley ómnibus tiene intención de incluir un nuevo requisito para acceder a la totalidad de los servicios sanitarios públicos, y que pasaría por estar empadronado en un municipio de Cataluña durante un mínimo de seis meses.
De este modo, se distinguiría a los pacientes empadronados desde hace más de medio año, que sí tendrían una asistencia sanitaria continuada con visitas, médico de cabecera asignado y pruebas y tratamiento especializado, de aquellos recién llegados a Cataluña o turistas ocasionales que, en cualquier caso, siempre podrán ser atendidos en urgencias.
150 MILLONES
Los 54,9 millones son la partida más elevada de los 151 millones que el conseller de Salud, Boi Ruiz, ha reclamado en distintas ocasiones desde que llegó al cargo a la ministra de Sanidad y Política Social, Leire Pajín.
Dentro de estos millones, y cuya justificación ha explicado el conseller en la presentación de los presupuestos en la Comisión de Salud del Parlament, se engloban también 30 millones por la incorporación de tres anticonceptivos entre los medicamentos financiados por el sistema; 22,4 millones para "recuperar" la aportación de la industria farmacéutica para uso racional del medicamento e investigación, así como 18 millones de nuevas prestaciones de salud pública como vacunas y medicamentos antivirales.
Además, Salud reclama 13 millones por la incorporación a la cartera de servicios de los tratamientos de deshabituación del tabaco; 7,8 millones por la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que incluye el pago de los abortos; 4,6 millones por la financiación del programa de salud bucodental infantil, y 0,5 millones por el mantenimiento de los implantes cocleares.
