BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Parlament catalán ha aprobado este jueves una propuesta para volver a presentar en el Congreso la proposición de ley de reforma de la Ley del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, después de que la cámara catalana diera luz verde a esta medida el año pasado.
La iniciativa ha recabado el apoyo de todos los grupos salvo la abstención del diputado de JxCat Lluís Font y el voto en contra del PP y del diputado del PSC-Units Ramon Espadaler, que se ha desmarcado de la posición de los socialistas argumentando que desde Units creen que los cuidados paliativos responden a los miedos y sufrimientos que ven detrás de la eutanasia y aportan dignidad.
El Parlament ya presentó esta iniciativa en el Congreso el 8 de mayo de 2018 de la mano de la entonces diputada de ERC y ahora consellera de Salud, Alba Vergés, y las diputadas Assumpta Escarp (PSC-Units) y Marta Ribas (CatECP), y se aprobó su tramitación, pero posteriormente caducó al terminarse la legislatura.
La proposición plantea modificar el Código Penal para eximir de responsabilidad penal "a quien, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que sufre una enfermedad grave que la conducirá necesariamente a la muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente, cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere con ella, dentro del marco legal establecido".
El texto es la consecuencia de una iniciativa presentada conjuntamente la legislatura anterior por JxSí, PSC, CatECP y la CUP que el pleno aprobó el 25 de julio de 2017 con los votos a favor de todos estos grupos, en contra del PP y del diputado no adscrito Germ Gordó y la abstención de Cs.
"LUCHA POR LOS DERECHOS"
En declaraciones posteriores en los pasillos del Parlament, la consellera ha explicado que quieren encabezar "esta lucha por los derechos y la voluntad del 80% de la sociedad catalana", y que lo llevarán al Congreso las veces que sean necesarias.
"Reclamamos que se respete el derecho y la voluntad individual de cada persona. No se obliga a nadie a hacer nada sobre lo que no esté de acuerdo con sus convicciones, pero tampoco podemos criminalizar", ha subrayado Vergés.
