SANT ESTEVE SESROVIRES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)
El Centro de Atención y Seguimiento de Toxicomanías (CAS) de la cárcel de Brians, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha atendido a 364 internos a lo largo de los seis meses que lleva en funcionamiento. Este es el primer servicio para drogodependientes que se ubica dentro de una cárcel catalana y está previsto que la experiencia se extienda al resto de centros penitenciarios de Cataluña.
El CAS es una iniciativa conjunta de las Consellerias de Justicia y Salud, que han querido crear un centro que atienda a los internos con problemas de drogodependencia con las mismas herramientas terapéuticas, criterios y prestaciones que se pueden encontrar en la red pública de salud. Esta mañana, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, y la consellera de Salud, Marina Geli, visitaron las instalaciones del CAS de Brians y dieron a conocer una primera evaluación de su funcionamiento.
Según explicó Geli, desde su puesta en funcionamiento en octubre de 2005, el CAS ha atendido a 364 internos. "En las cárceles catalanas se calcula que el volumen de población interna con problemas de toxicomanías está entre el 50 y el 70%", explicó la consellera, que afirmó que las drogas de mayor incidencia entre los reclusos son "la cocaína, el alcohol y la heroína".
Según fuentes de Salud, en el momento de ingresar en la cárcel el 44% de los reclusos presentan antecedentes por consumo de cocaína, el 36% han consumido heroína y el 23% han consumido drogas por vía parenteral. Durante el año 2005, más de 1.300 internos tomaron parte en programas específicos de toxicomanías llevados a cabo dentro de las cárceles de Cataluña.
Hasta la puesta en marcha del CAS de Brians, la atención a los presos drogodependientes se realizaba con personal externo a la cárcel. La gran novedad es que el centro de atención a drogodependientes se ubica dentro de la cárcel. "Por el momento, la valoración del funcionamiento del trabajo es muy positiva, tanto por parte de los internos como por parte de los trabajadores del centro", explicó Geli.
El CAS atiende "a personas no consumidoras para prevenir su posible entrada en el mundo de la adicción, trabaja sobre la detección rápida de policonsumidores y trata a las personas drogodependientes; todo ello con el objetivo de acompañar en su proceso de rehabilitación social", según la consellera.
CONVENIO.
Los Departamentos de Justicia y de Salud firmaron hoy un convenio para financiar el funcionamiento del nuevo centro, que supone una inversión de 644.993 euros, de los que 332.393 los aporta Salud, y los 300.252 restantes los financia Justicia. Además, el Departamento de Justicia se hace cargo del resto de gastos como el personal de vigilancia, el material o los gastos de mantenimiento.
El CAS de Brians está formado por profesionales multidisciplinares especializados en el tratamiento integral de problemas derivados de las toxicomanías. Un coordinador, un psiquiatra, un médico, dos psicólogos, tres educadores sociales, tres diplomados en enfermería, un auxiliar de cocina, un trabajador social, un jurista y un administrativo integran este equipo.
El equipo del CAS organiza las diferentes modalidades de tratamiento que hay en el centro y se encarga de hacer el seguimiento y la asistencia de los reclusos con problemas de drogodependencia de cada uno de los módulos del Centro Penitenciario Brians.
Por su parte, Vallès afirmó que "la previsión del Departamento es crear nuevos centros de este tipo en otras cárceles catalanas de cumplimiento de condena una vez se haya evaluado la marcha de esta experiencia piloto". La conselleria ha reservado espacios para la ubicación de centros para drogodependientes en los proyectos de construcción de nuevas cárceles en Cataluña.
El Centro de Atención y Seguimiento para Drogodependientes de Brians se ubica en la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica de este centro penitenciario, que se puso en marcha en el año 2003. Según fuentes de la conselleria de Justicia, en 2005 esta unidad atendió a 198 internos, 170 hombres y 28 mujeres. En Cataluña, el 3% de la población penitenciaria presenta trastornos mentales graves y el 30% de los internos toma algún tipo de tratamiento psicofarmacológico.
