Ve improcedente la denuncia presentada por una médica pero acepta otra
BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -
El titular del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, ha citado a declarar este martes como imputados al hasta ahora presidente de la fundación de gestión del Hospital Sant Pau, Albert Folia, y al administrador de turno de la fundación patrimonial del centro, Josep Lluís Alay, por la denuncia de presuntos delitos de fraude, malversación de fondos y un delito contra los trabajadores.
Así lo señala el juez en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en que el juez admite la denuncia presentada por la Asociación Profesional de Enfermería (Api), a la que también se han sumado la Asociación Profesional del Cuerpo Facultativo y el comité de empresa a mediados de este mes.
La médica Carmen Pérez y las demás asociaciones han denunciado a dos altos cargos del centro por consentir una "arquitectura fraudulenta" entre las distintas fundaciones del hospital, al que acusan de pagar nóminas e indemnizaciones irregulares a exaltos cargos públicos y patronos.
La denuncia alega presuntos delitos societarios, de estafa procesal y malversación, y se dirige al hasta ahora presidente del patronato de la fundación y el administrador de turno de la Muy Ilustre Administración (Mia) --integrada por Arzobispado, Ayuntamiento y Generalitat--, cargo que desde hace dos meses ostenta Alay, como director de Patrimonio, Museos y Archivo del Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
El texto, que recoge parte de los objetos de una denuncia presentados ante la Oficina Antifraude, señala la existencia retribuciones económicas a patronos y retribuciones económicas a ex altos cargos de Gobierno y Generalitat de los que los trabajadores señalan que se desconoce el trabajo encomendado.
En otro auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez considera improcedente que la médica pueda llevar a cabo la denuncia como acusación particular, alegando que las supuestas irregularidades que denuncia en relación con la actuación de las dos fundaciones y los supuestos empleos fictidios, "no le confiere, por su carácter general y a tenor de las manifestaciones, la condición de perjudicada".
A su juicio, no basta con ser trabajador del centro, si se tiene en cuenta que el agravio que denuncia Pérez viene de la aplicación de un precepto legal, porque si así fuera el concepto de perjudicado no tendría fin, ya que lo serían los usuarios actuales y por tanto toda la ciudadanía.
MINISTERIO FISCAL
Sobre este punto aclara que "la acción penal en estos supuestos corresponde al Ministerio Fiscal y en España se añade la acción popular", y añade que el proceso penal no puede privatizarse.
Concluye que no existe ningún desinterés por parte del Ministerio público, que pueda llevar a una deriva del proceso penal como medio al servicio de reivindicaciones profesionales, que se abriría paso por el camino de todos víctimas.
