BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El hasta ahora presidente de la Fundación de Gestión del Hospital Sant Pau de Barcelona, Albert Folia, ha defendido este miércoles ante el juez que todos los pagos y contrataciones del centro denunciados por supuestas irregularidades estaban "justificados", y se ha comprometido a acreditarlo documentalmente.
Lo ha explicado su abogado, Rafael Entrena, a la salida de la declaración de su cliente como imputado ante el titular del Juzgado de Instrucción 22, Juan Emilio Vilà Mayo, ante el cual ha justificado la estructura de las tres fundaciones vinculadas al hospital.
Folia ha señalado no tener conocimiento ni responsabilidad sobre las irregularidades denunciadas, aduciendo que él ha ocupado la presidencia de la fundación con tareas de representación y no de gestión, que corresponderían a la gerencia del hospital.
El hasta ahora presidente de la fundación y actual patrono de la fundación de investigación del hospital ha evidenciado su "trayectoria irreprochable, impecable y naturalmente altruista", ha asegurado el abogado, quien ha acusado a los denunciantes --la Asociación Profesional de Enfermería (Api) y la médica Carmen Pérez-- de instrumentalizar la justicia penal.
Los trabajadores han denunciado a dos altos cargos del centro por fraude, malversación de fondos y un delito contra los trabajadores, si bien el texto acusa cobros irregulares por parte de directivos exaltos cargos de Sanidad del Gobierno central que no trabajaban directamente para el centro y el pago de indemnizaciones por más de 440.000 euros el año 2011.
A juicio de Entrena, los trabajadores utilizan esta vía para lograr lo que no consiguen por otras vías, tras sufrir una rebaja del 5% del sueldo y sufrir casi dos meses un expediente de regulación de empleo (ERE) de 1.400 trabajadores, la mitad de la plantilla, que actualmente no está vigente.
Según el abogado, lo único que hizo Folia es tratar de "poner paz en las mediaciones laborales, y está aquí probablemente por tratar de intervenir de buena fe", ha añadido en la Ciudad de la Justicia, donde ha confiado en el archivo de la denuncia, que ve inconcreta, kafkiana e injustificada.
También ha declarado como imputado el administrador de turno de la fundación patrimonial del centro, Josep Lluís Alay, que tomó posesión como patrono hace un mes y que también es director de Patrimonio, Museos y Archivo del Institut de Cultura de Barcelona (Icub).
Las dos declaraciones se han producido sin presencia de la parte acusatoria, después de que el juez denegara el viernes a la médica denunciante convertirse en acusación particular, lo que el abogado de la facultativa ya ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona.
En declaraciones a los medios, el abogado de Carme Pérez, Juan del Moral, ha considerado "paradójico" que por un lado el juez tomara declaración a la denunciante el 18 de mayo, y el día 21 del mismo le negara ser acusación particular.
ACUSACIÓN POPULAR O QUERELLA
Ante ello, ha anunciado que elaborarán otra estrategia de acusación que puede pasar por la presentación de una querella o bien por otra denuncia en calidad de acusación popular.
"Se trata de un procedimiento rápido que nos hace pensar que el juez busca un archivo rápido de la causa", ha señalado del Moral.
También ha prestado declaración ante el juez la presidenta de Api, Àngels Sabaté, en calidad de testigo, y ahora el juez deberá resolver si acepta su denuncia en calidad de acusación particular.
