VALLADOLID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Castilla y León indemnizará con más de 136.673 euros a los padres de una niña fallecida por la deficiente asistencia sanitaria en su nacimiento, ya que no se practicó una cesárea indicada en este caso, han informado a Europa Press fuentes de El Defensor del Paciente, cuyos servicios jurídicos han tramitado el caso.
La Consejería ha reconocido mediante orden de fecha 5 de marzo de 2014 el derecho de S.R.S. y A.A.M. a ser indemnizados con la cantidad de 136.673 euros por el fallecimiento de su hija Lucía a consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria prestada en el momento de su nacimiento.
Los hechos se romentan al día 3 de diciembre de 2006, cuando A.A.M, que cuenta en la actualidad con 41 años, ingresó en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid con el parto en curso. Tras colocarle el registro cardiotocográfico, empezó a presentar alteraciones que incrementaron a las 10.30 horas y mostró alteraciones sugestivas de pérdida de bienestar fetal.
En este momento estaba indicada realizar una cesárea, no obstante el nacimiento de Lucía no se produjo hasta las 12.30 horas y se mantuvo a la niña en una situación de riesgo durante dos horas.
La causa del retraso se ha justificado en la ocupación de los quirófanos y en que la médico residente, a pesar de ver las alteraciones del registro no apreció la urgencia y no solicitó asistencia del médico ginecólogo hasta las 11.30, una hora después de la hora en que estaba indicada la cesárea.
El Defensor del Paciente ha señalado que la Consejería de Sanidad ha reconocido la mala praxis y su relación con el fallecimiento de Lucía, que existió un retraso en la realización de la cesárea desde el momento en que las alteraciones eran sugestivas de pérdida de bienestar fetal, dado que fueron mantenidas a lo largo del referido registro y el momento en que se indicó la cesárea. La Orden señala que existió una demora excesiva en el tiempo para realizar la cesárea, y dicho retraso llevó al fallecimiento de la niña.
DENUNCIA Y VÍA ADMINISTRATIVA
Por los anteriores hechos, y entendiendo que el fallecimiento de Lucía fue fruto de una negligencia médica por parte del personal sanitario, los servicios jurídicos de El Defensor del Paciente presentaron denuncia que dio lugar a un Procedimiento Abreviado seguido en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.
En la instrucción del procedimiento, el juzgado dictó auto de imputación contra la médico residente y la matrona que asistieron al parto de A.A.M. No obstante, finalmente la causa penal terminó mediante auto de fecha 17 de septiembre de 2012 dictado por la Audiencia Provincial de Valladolid, que confirmaba el auto de sobreseimiento y archivo provisional de la causa y remitía a otras vías jurisdiccionales.
El procedimiento penal duró casi seis años. Finalizada esta vía, se inició la vía administrativa el día 23 de noviembre de 2012 que ha terminado con esta resolución, 14 meses después. "Tras más de siete años de lucha finalmente se ha reconocido que Lucía, fue víctima de una negligencia médica", ha señalado la Asociación, que ha añadido que la resolución de la Consejería es "llamativa" dado que "en contadas ocasiones" el Sacyl reconoce la existencia de mala praxis en la vía administrativa.
El Defensor del Paciente considera que deberían existir más reconocimientos como éste en que la propia Administración admita y se comprometa a pagar por sus errores, "que causan tanto sufrimiento a las familias" y ha lamentado que este reconocimiento no haya llegado antes.
La defensa del caso ha sido tramitada por el abogado Santiago Díez, del Bufete Díez & Curiel y Asociados, despacho perteneciente a los Servicios Jurídicos de El Defensor del Paciente.
