MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 489 personas se han suscrito al convenio especial de prestación de asistencia sanitaria impulsado hace año y medio por la entonces ministra de Sanidad Ana Mato para quienes no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), que les da acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios pagando una cuota mensual de 60 o 157 euros dependiendo de si son menores o mayores de 65 años.
Así lo ha reconocido el Ministerio en una respuesta parlamentaria a Amaiur, recogida por Europa Press, en la que asegura que están realizando un seguimiento de esta medida aprobada en julio de 2013, si bien precisan que son las comunidades las autoridades competentes para establecer los procedimientos concretos y resolver sobre las citadas solicitudes.
La medida va dirigida a españoles o extranjeros que no reúnan la condición de asegurado ni beneficiario introducida a partir de la reforma sanitaria aprobada un año antes, en abril de 2012, con la que, según el Ministerio de Sanidad, se hacía efectiva "la universalidad de la asistencia sanitaria pública para todos los españoles".
De este modo, están dirigidos especialmente a los españoles que no trabajen pero que tengan ingresos superiores a los 100.000 euros al año (los denominados rentistas); los europeos que voluntariamente quieran suscribir estos convenios para ser atendidos por el sistema sanitario público español y los nacionales de terceros países que durante su estancia en España quieran formalizar el convenio para ser atendidos por el sistema público.
El convenio especial da acceso a las prestaciones de la cartera básica de servicios por el período de tiempo determinado en el mismo, y la contraprestación económica a abonar será de 60 euros mensuales hasta los 65 años y de 157 euros mensuales para los mayores de esa edad.
Asimismo, el Real Decreto que hacía efectiva la medida establecía además el sistema de identificación clínica de los casos especiales, con garantía de asistencia sanitaria pública en el SNS, como las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o los solicitantes de asilo.
