MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Bienestar Social y Consumo, María Luisa Carcedo, ha avanzado que durante el Consejo Interterritorial que se celebra este lunes 4 de marzo abordarán el "importante" papel del Sistema Nacional de Salud en la detección y denuncia de los casos de violencia contra la infancia.
"Es otro punto que queremos presentar porque el Sistema Nacional de Salud tiene un papel importante en la detección y en la denuncia de casos de violencia contra los niños", ha precisado Carcedo este lunes antes de entrar a la reunión del Consejo Interterritorial, que se celebra un día antes de la disolución de las Cortes Generales.
Según ha señalado la ministra, este papel que juegan los sanitarios en la detección de estos casos se regula en el anteproyecto de Ley frente a la violencia contra la infancia.
Por ello, ha indicado que "parece lógico" que "los responsables de los servicios de Salud de las comunidades autónomas conozcan lo que pretende regular la ley y el papel que corresponde a la Sanidad española en estas medidas de prevención de la violencia contra los niños".
El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Si bien, la convocatoria de elecciones hace que este proyecto no se pueda tramitar en esta legislatura.
Entre otras medidas que venían siendo reivindicadas por las ONG, esta Ley establece que el plazo de prescripción de los abusos a menores empiece a contar desde que la víctima cumpla 30 años.
Actualmente, el plazo de prescripción de estos delitos empieza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, víctimas de abusos se concentraron el pasado 14 de febrero ante el Congreso de los Diputados para pedir que el plazo se amplíe hasta los 50, pues consideran que la propuesta de 30 años es "insuficiente".
El anteproyecto normativo, que pretendía modificar 11 leyes, establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. También incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de Internet.
Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores y prevé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispongan de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores.
Asimismo, establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente; y obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años.
En el ámbito educativo, la ley dicta que los centros educativos deberán dotarse de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. La norma también prevé la elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria.
Asimismo, el anteproyecto contempla la creación de un registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia.
