MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, ha destacado el "valor estratégico" del nuevo calendario vacunal, aprobado en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), como herramienta contra los antivacunas.
"Tiene un valor estratégico porque es un arma eficaz contra las tendencias que estamos viendo en otros países del negacionismo a las vacunas", en estos terrinos ha contestado a una pregunta del Diputado Jesús María Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, quien en la sesión de control al Gobierno preguntaba por los beneficios para la población que aporta el disponer de un calendario vacunal a lo largo de la vida.
Tras destacar que, "después de los saneamientos, las vacunas han sido las que más muertes, enfermedades y sufrimiento han evitado", la ministra ha señalado que el nuevo calendario único, aprobado con el consenso de las CCAA, tiene unas "condiciones especiales", ya que es "calendario a lo largo de la vida".
En concreto, el nuevo calendario vacunal, que se pondrá en marcha en 2019 e incluye 10 vacunas para 14 enfermedades, "da un potente mensaje conjunto de todas las autoridades sanitarias responsables de velar por la salud la ciudadanía".
Por otro lado, la ministra ha reiterado, a una pregunta de la diputada Miriam Alconchel, también del Grupo Parlamentario Socialista, la posición del Gobierno ante la utilización de pseudoterapias.
Al respecto ha defendido el Plan para la Protección de las Personas frente a las Pseudoterapias con el que el Gobierno pretende, entre otras medidas, eliminar las pseudoterapias de los centros sanitarios y las universidades, con el objetivo de reducir los daños que puede provocar a la salud.
Ha recordado que este Plan, presentado la semana pasada junto con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, pretende mejorar la información que lo ciudadanos tienen de estas terapias; el control de la publicidad que se hace de estos productos; complementar la formación de los profesionales sanitarios; y establecer que los tratamientos y terapias que se administran desde los centros sanitarios "siempre se rijan la evidencia científica".
