La nueva regulación, que entrará en vigor este mes de enero, reporta seguridad jurídica y flexibilidad, sin merma de la calidad asistencial
SANTANDER, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria ha modificado parcialmente la normativa reguladora de los requisitos materiales y funcionales que deben cumplir los centros de atención a la dependencia y discapacidad y el sistema de acreditación, de acuerdo con el compromiso que había adquirido con el sector para reducir burocracia, eliminar rigidez y aumentar la seguridad jurídica.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado este viernes el documento definitivo a representantes de la Asociación Cántabra de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (LARES), al Comité de Entidades de Representantes de Discapacitados de Cantabria (CERMI) y a la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (ACESDE).
La modificación, que entrará en vigor este mes de enero con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), surge de las propuestas de un grupo de trabajo constituido el pasado mes de marzo por el Gobierno regional con representantes del sector, que le habían trasladado la urgencia de revisar la normativa en vigor.
Por su "dispersión, complejidad y ausencia" de criterios generales de interpretación y aplicación venía generando un "importante desgaste e inseguridad jurídica", en perjuicio de la explotación de los centros e, incluso, de su viabilidad.
El sector dispondrá ahora de una normativa que le reportará "seguridad jurídica, racionalidad en los requisitos funcionales exigidos y flexibilidad en el funcionamiento de los centros, sin merma de la calidad en la prestación del servicio", subraya el Gobierno.
Para ello, se ha modificado la Orden de 27 de agosto de 2008, de requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados, y la Orden de 18 de marzo de 2010, que establece los criterios y el procedimiento para la acreditación de los centros destinados a la atención a personas en situación de dependencia.
LAS GRANDES LÍNEAS DE LA MODIFICACIÓN
En relación al funcionamiento, se modifican aspectos puntuales, dirigidos a lograr una adecuación de los tiempos de prestación del servicio a las necesidades de los centros y usuarios, así como a la flexibilización en el cómputo horario de profesionales de atención directa, sin merma alguna de la calidad del servicio.
En lo que respecta a los requisitos materiales, se modifica el régimen transitorio existente para aquellos centros que ya estaban en funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigor de las órdenes, y se flexibilizan las exigencias de velatorio y de servicio de enfermería.
Además, se modifica el régimen transitorio establecido para la acreditación de los centros mediante la concesión de un plazo más amplio para alcanzar su total cumplimiento, hasta diciembre de 2014.
La vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha subrayado que se trata de una modificación "participada, no impuesta, fruto de la suma de aportaciones y la conciliación de intereses".
"Todo aquel que ha querido hacerlo, ha tenido la oportunidad de ser escuchado, participar y aportar", ha dicho. Según Sáenz de Buruaga, se trata también de una modificación "racional y equilibrada, cuyo espíritu y filosofía es compartida y aceptada por todos".
La normativa es, además, "transitoria y cumple con la finalidad de cooperar a la sostenibilidad y equilibrio del sistema en un momento complejo, en el que todas las partes han de sumar esfuerzos".
De hecho, el Grupo de Trabajo seguirá activo, con el objetivo de acometer a medio plazo el diseño de una nueva normativa de acreditación, que no parta de la anterior, e incluso, de un nuevo modelo de servicios sociales adecuados a las necesidades de apoyo a las personas con discapacidad, orientado a resultados y sostenible.
