Recuerda que se ha descartado el copago sanitario, que era la "línea roja" que Cantabria "no estaba dispuesta a sobrepasar"
SANTANDER, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha respaldado este miércoles la reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) consensuada por el Consejo Interterritorial de Salud como "única forma de garantizar que la sanidad siga siendo pública, universal, gratuita y de calidad".
En un comunicado, Sáenz de Buruaga ha defendido que la aportación del usuario en función de la renta en la prestación farmacéutica es un sistema "más justo y equitativo" pues "el que más tiene paga más".
Ha destacado que en un Consejo Interterritorial del SNS "histórico" se ha aprobado una reforma de "profundo calado" con medidas que, según ha afirmado, permiten "garantizar la supervivencia" del sistema sanitario público y permitirán ahorrar, según ha señalado, más de 7.000 millones de euros al año, el 10 por ciento del gasto sanitario.
SEIS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Según ha explicado, con esta reforma se afrontan actuaciones en seis ámbitos, que son el aseguramiento, la política farmacéutica, la cartera de servicios del SNS, los recursos humanos, las medidas de garantía y aquellas relacionadas con la eficacia y eficiencia.
SIN SOBREPASAR LA "LÍNEA ROJA" DE CANTABRIA
Sáenz de Buruaga ha subrayado que Sanidad ha descartado el pago por la asistencia sanitaria, que --ha apuntado-- era "la línea roja" que Cantabria "no estaba dispuesta a sobrepasar".
En lugar de hacer pagar a los ciudadanos por la asistencia sanitaria, ha opinado que se ha apostado por la "eficiencia, la racionalidad y la gestión y coordinación sociosanitaria".
"El esfuerzo recae sobre la organización y gestión del sistema", ha señalado Sáenz de Buruaga, quien ha aclarado que "ni hay recortes" ni se va a "recaer el peso de esta reforma sobre los ciudadanos".
La consejera ha explicado que, al mismo tiempo, se ha introducido un "nuevo criterio" de aportación en la prestación farmacéutica en función de la renta, que, según ha señalado, permitirá que, "por primera vez, los parados sin prestación no paguen por los medicamentos que consumen".
Las rentas superiores a los 100.000 euros pagarán el 60 por ciento del precio del medicamento y los trabajadores en activo con una renta inferior a 100.000, pero superior a 18.000 euros, el 50 por ciento, en lugar del 40 que pagan ahora, un porcentaje que se mantiene para las rentas inferiores a 18.000 euros anuales.
Los pensionistas abonarán un 10 por ciento del precio de los medicamentos, pero con un límite mensual de 8 euros cuando su renta no supere los 18.000 euros anuales y de 18 euros si supera esa cantidad. Quedan exentos los perceptores de una pensión no contributiva.
En opinión de la consejera, se trata de un sistema "más justo, más solidario y más equitativo" porque "paga más el que más tiene" y porque "por primera vez, los parados no pagarán nada por los medicamentos que consumen".
"Se trata de un modelo que tiene en cuenta la renta, donde aporta más el que más tiene y menos o nada el que menos tiene; un modelo que tiene en cuenta la edad, donde aportan menos los mayores y los pensionistas y que protege a los que padecen enfermedades crónicas y más graves y a los que más lo necesitan: los parados de larga duración, sin prestación ni renta, y los mayores con ingresos reducidos", ha añadido.
EFECTO "DISUASORIO", NO "RECAUDATORIO"
La vicepresidenta ha afirmado que esta medida no busca un efecto recaudatorio, sino "disuasorio" y trata, según ha explicado, de poner en valor el medicamento e impedir que se acumulen en los domicilios, además de su mala utilización.
En este sentido, ha recordado que todos los años se tiran en los puntos Sigre 3.700 toneladas de fármacos, con un coste superior a los 1.100 millones de euros.
LA REFORMA, LA "ÚNICA RESPUESTA POSIBLE"
Sáenz de Buruaga ha señalado que la reforma, que será aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, incluye medidas en el ámbito del aseguramiento, para --ha apuntado-- "controlar y poner freno al abuso derivado del denominado turismo sanitario".
De esta forma, se "subsana la negligencia" que, a su juicio, cometió el Gobierno socialista, pues --ha señalado--" no traspuso de forma correcta" la directiva europea sobre movilidad de los ciudadanos entre los distintos estados de la unión, lo que ha generado en torno a 1.000 millones de pérdidas por no facturar a extranjeros.
Sáenz de Buruaga ha aclarado que "se trata de aplicar el principio de reciprocidad, de tratar los extranjeros como ellos tratan a los españoles en su país".
Además, se definirá una cartera de servicios común básica de asistencia universal y gratuita, para garantizar la igualdad, equidad y cohesión; se creará un Fondo de Garantía Asistencial para pacientes desplazados y limítrofes dentro del Fondo de Cohesión, como instrumento de compensación entre comunidades autónomas, y se avanzará en la implantación de la tarjeta sanitaria, la receta electrónica y la historia clínica digital únicas.
La vicepresidenta ha subrayado que "nunca antes" se habían tomado decisiones "más valientes, más responsables y más comprometidas con el sistema sanitario público y su sostenibilidad".
A su juicio, las comunidades autónomas, lideradas por la ministra de Sanidad, Ana Mato, han dado luz verde a una reforma "de profundo calado que por fin universaliza la asistencia sanitaria, consagra su gratuidad y asegura la viabilidad financiera y la pervivencia del modelo durante los próximos años".
Según Sáenz de Buruaga, esta reforma es la "única respuesta posible" a la "catástrofe", a su juicio, generada por ocho años de gobierno socialista, al que ha hecho responsable de una deuda sanitaria a proveedores superior a los 16.000 millones de euros; de la desvertebración del sistema por inacción y falta de liderazgo del Ministerio y de 5,3 millones de parados que no generan ingresos para poder sostener el Estado de Bienestar.
En su opinión, las medidas buscan "fortalecer los principios de igualdad de los ciudadanos vivan donde vivan"; dar "equidad" en el acceso a las prestaciones del sistema y "cohesión" al Sistema Nacional de Salud, además de pretender garantizar su sostenibilidad, converger con Europa y promover el desarrollo profesional.
La consejera ha defendido una reforma que, en su opinión, "parte de un profundo conocimiento del sistema; da respuesta real a necesidades largamente demandadas y corrige disfunciones de las que se ha hablado eternamente sin hacer nada".
Según ha señalado, la reforma está asentada "en el diálogo y el acuerdo con la mayoría de las comunidades autónomas" y es "plenamente coherente con las líneas estratégicas que conforman el pacto por la sanidad comprometido por el Gobierno".
Sáenz de Buruaga ha agradecido al Ministerio de Sanidad "su liderazgo", "capacidad de sumar esfuerzos y de dar a las comunidades autónomas instrumentos normativas que permitirán dejar una mejor herencia de la recibida".
Además, la consejera de Sanidad ha subrayado el "compromiso" de Cantabria para afrontar "la parte que le toca".
