La fórmula elegida permitirá concluir el Hospital "en esta legislatura"
SANTANDER, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves al Servicio Cántabro de Salud (SCS) a iniciar el expediente para adjudicar el contrato de construcción de las obras pendientes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Este acuerdo es el "primer paso" de un procedimiento administrativo que concluirá durante el verano, con la adjudicación del contrato para la construcción, equipamiento, gestión integral del mantenimiento, prestación de determinados servicios no clínicos y explotación de determinadas zonas complementarias de Valdecilla, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.
El Gobierno de Cantabria pagará a la empresa que resulte adjudicataria un canon anual, estimado inicialmente en 33 millones de euros, que incluye la construcción y equipamiento de la Fase III del Plan Director, con una inversión de 99,1 millones, y la gestión de servicios no asistenciales, la práctica totalidad ya externalizados.
Según explica el Ejecutivo, Valdecilla tiene en vigor 40 contratos con empresas privadas de gestión de servicios no clínicos, por los que anualmente paga 28 millones de euros con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Cuando se formalice el contrato, estos servicios, "externalizados en anteriores legislaturas y ninguno de ellos por el actual Gobierno", serán gestionados por una única empresa.
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha hecho hincapié en que la fórmula elegida es "la única" que permite terminar en esta legislatura un hospital que lleva más de 13 años en obras, y ha subrayado que la gestión de la asistencia sanitaria seguirá siendo íntegramente pública. "La apuesta de este Gobierno por la gestión pública de Valdecilla está fuera de toda duda", ha afirmado.
EL PROCEDIMIENTO
El proceso para finalizar las obras de Valdecilla arrancó el 3 de agosto de 2012, cuando el Gobierno de Cantabria adoptó la decisión de iniciar el procedimiento para resolver el contrato de ejecución de las obras de la fase III por causa objetiva e imputable al contratista, un acuerdo respaldado por el Consejo de Estado, que dio luz verde a la resolución definitiva del contrato el 15 de noviembre.
De acuerdo con los informes jurídicos, el contrato se tramitará con la formula de colaboración público-privada, regulada en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite dar cobertura a proyectos especialmente complejos, tanto desde el punto de vista técnico, como jurídico y económico.
Siguiendo el procedimiento establecido, por resolución del SCS, el 1 de marzo se designó la Mesa especial de diálogo competitivo, constituida formalmente el día 4. Esta Mesa es la encargada de elaborar y aprobar la compleja documentación técnica, económica y administrativa que regirá este concurso.
El procedimiento a seguir tiene como "peculiaridad" que antes de elevarse a definitivo el clausulado del contrato será sometido a un proceso de "diálogo competitivo", lo que significa, explica el Gobierno, que el órgano de contratación dirige un "diálogo" con los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos para desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y que servirán de base para que los candidatos presenten su oferta.
Una vez cerrado el diálogo, hecho que debiera producirse en un periodo de dos meses desde la incoación del expediente, se aprobarán los documentos definitivos y se invitará a los candidatos a presentar su oferta final en base a la solución adoptada.
Previo el examen y la evaluación de las ofertas recibidas, se adjudicará y formalizará el contrato con aquella empresa que presente la oferta más ventajosa para la administración, de manera que las obras podrán reanudarse durante el próximo verano.
