SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Colegio de Enfermería ha recordado este sábado que el código deontológico de su profesión les "obliga" a atender a las personas "que lo necesiten", y que la organización colegial debe "velar" por que se cumpla, "sin coletillas de si son inmigrantes, si hay papeles, del color de piel o de su altura o condición física".
Se refieren así al "conflicto" entre su juramento hipocrática y la reglamentación que como empleados públicos deben cumplir, en lo relacionado con la exclusión de la asistencia a los inmigrantes en situación irregular.
Una medida con la que se muestran en contra: "nos parece insolidario e indigno aprobar una ley que deja sin cobertura sanitaria a personas que se sabe de antemano que no tienen recursos para acceder a ninguna atención sanitaria".
Los enfermeros apelan a su "deber ético" de "buscar soluciones para facilitar y poner en marcha mecanismos que garanticen esta atención".
Y recuerdan que para evitar el "fraude" sanitario no se necesita modificar ninguna Ley, "ya que todos los extranjeros no comunitarios (y los comunitarios cuyos países que no tienen tratado de reciprocidad en la atención sanitaria con España) siempre han tenido que pagar por la atención sanitaria al ser atendidos por el sistema público".
"El problema es que desde la propia administración sanitaria no se ponen los medios para facturar y cobrar esos servicios, cuya responsabilidad no puede caer en los profesionales sanitarios", añaden.
Por eso, consideran que " es necesario regular la situación y controlar a las personas que teniendo ingresos estén defraudando, no a los que no los tienen y que, dada la situación, no los van a tener ya que eso nos llevará a retroceder de golpe 50 años, y propiciar que existan dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda".
El Colegio de Enfermería pide al Gobierno que "reconsidere" su postura, al igual que otras autonomías, y se remiten a normas como la Constitución española o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El Colegio critica que los "recortes" del Gobierno para "asumir" deudas bancarias y de empresas públicas se centren en sanidad y educación.
