Cantabria.-AMP.-Más de 132.000 pensionistas van a pagar por los medicamentos, y 22.000 parados van a dejar de hacerlo

Sáenz De Buruaga
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 19 abril 2012 16:15

La consejera de Sanidad cree que la medida va a afectar poco a la recaudación porque su objetivo "no es recaudatorio sino disuasorio"

SANTANDER, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Sistema Nacional de Salud (SNS) va a afectar a un total de 132.656 pensiones contributivas en Cantabria, que van a empezar a pagar un 10 por ciento del precio de los medicamentos, con límites de entre 8 y 18 euros, según su renta. De ellas, 78.157 son de jubilación y la "inmensa mayoría" están por debajo de los 1.000 euros.

Por el contrario, quedarán exentos del pago "por primera vez" los 22.000 parados cántabros que no reciben ninguna prestación y los más de 6.000 mayores con pensiones no contributivas.

Estos datos han sido aportados este jueves en rueda de prensa por la vicepresidenta y consejera de Sanidad del Gobierno de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, quien ha destacado que la reforma "protege a los que más lo necesitan", es "justa" y "equitativa", ya que aporta más el que más tiene y "menos o nada" el que menos tiene, y garantiza una sanidad "universal y gratuita".

Se trata, ha insistido, de una medida que "no tiene efecto recaudatorio, sino disuasorio", que persigue impedir una mala utilización de los medicamentos, lo que conllevará un ahorro consistente en "poner en valor" los mismos, ya que su efecto sobre la recaudación es poco, ha dicho.

En este sentido, la consejera ha precisado que no sabe cuánto puede ingresar de más el Servicio Cántabro de Salud, ya que es "muy complicado" de calcular, aunque será "muy poquito", teniendo en cuneta que a nivel nacional se cifra en unos 200 millones de euros.

Ha explicado que para saberlo habrá que cruzar datos de Hacienda y Sanidad, y también de la Seguridad Social, por lo que se reunirá con la consejera de Economía y Hacienda, Cristina Mazas, para tratar de hacer una "aproximación".

En cualquier caso, ha reiterado que son reformas "absolutamente necesarias" para la sostenibilidad del sistema, aunque ha reconocido que el Gobierno "no disfruta" con ellas, sino que es "tremendamente difícil", pero es una medida "responsable, valiente y comprometida".

"Aquí pone todo el mundo", ha recalcado la consejera, quien ha destacado que los profesionales de la sanidad han aportado "mucho" al sistema", y en Cantabria se está "muy al límite" para pedirles "más sacrificios".

"SON MEDIDAS QUE A NADIE LE GUSTAN"

"Son medidas que a nadie le gustan", ha subrayado Sáenz de Buruaga, para quien el que un colectivo como el de los pensionistas empiece a pagar es "el mal menor". Y es que, a su juicio, la reforma es "la única respuesta posible" en una situación "dramática" heredada como consecuencia de la "política suicida" practicada por el anteriores gobiernos central y regional.

No obstante, la consejera ha lanzado un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los ciudadanos, después de "largo tiempo escuchando de todo", y ha asegurado que no va a haber recortes en prestaciones, ni se trata "en ningún caso" de reducir el acceso de los ciudadanos a este servicio público, sino por el contrario de garantizar la igualdad y la cohesión en el SNS.

Se trata, según ha dicho de "gestionar mejor" que el "auténtico riesgo" para el sistema está en "no hacer nada". "Es necesario hacer reformas para no tener que hacer recortes", y para "garantizar la sostenibilidad y pervivencia del sistema", ha insistido.

Así, ha subrayado que la asistencia sanitaria va a seguir siendo "universal y gratuita", y que "no hay copago" sanitario, ni en Cantabria ni en España. Seguirán siendo gratuitos los servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, y transporte sanitario urgente, ha recalcado.

La consejera ha insistido en que "no hay cambio de modelo, sino cambio de criterio" y ha asegurado que la aportación del usuario a

la prestación farmacéutica ya existía, y se ha evolucionado hacia un sistema "más justo y equitativo".

"NOS DA LA VIDA LAS COMUNIDADES"

"La reforma nos da la vida a las comunidades autónomas", ha sentenciado Sáenz de Buruaga, quien ha matizado que el "impacto" de la misma no recae sobre los ciudadanos, ya que la aportación "ya existía" y su peso es "muy reducido", entre un "uno y medio y un dos por ciento" sobre la factura. "El impacto lo soporta la organización y gestión" del sistema sanitario, ha precisado.

La consejera ha concluido que Cantabria agradece el "liderazgo y la capacidad" de "sumar esfuerzo" del Ministerio de Sanidad, porque "nos dota" de instrumentos para llevar a cabo una gestión "más eficaz y eficiente".

Y ha destacado que Cantabria "compromete" su "lealtad", "diligencia" y a "cumplir con la parte que le toca", que "es difícil de cuantificar", ha señalado, porque "no es una medida de recorte y no conlleva ajuste presupuestario, sino que su objetivo es la "racionalización" en el gasto y en la gestión, ha reiterado.

Ha precisado que algunas medidas ya están incluidas en el plan de sostenibilidad de los servicios públicos de Cantabria, como las relacionadas con el principio activo y la racionalidad en las compras, otras están pendientes de concretar en la reforma, por lo que no se pueden cuantificar, y otras "van a tardar" un par de meses en implantarse.

Según la consejera, la reforma "nos va a permitir equilibrar y acercar el gasto real al presupuesto de que disponemos" y sin estas medidas "no hubiéramos sido capaces" de terminar el ejercicio con el presupuesto "que tenemos", ha dicho, la tiempo que ha confiado en que sirvan para acabar el año sin acumular déficit.

GARANTÍA DE ASISTENCIA

En su repaso a las medidas incluidas en la reforma, ha citado también la creación de un fondo de garantía de asistencia, que da respuesta a la atención sanitaria a desplazados, especialmente en zonas limítrofes y que supone un instrumento de gestión "importantísimo" de "compensación" entre comunidades.

Esta medida, con la que a su juicio se entiende que el paciente sea "el centro del sistema", no sustituye a los convenios entre comunidades, pero favorece la "reciprocidad", y está previsto que entre en funcionamiento en 2013.