SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlamento ha admitido este martes a trámite la propuesta de resolución del PSC-PSOE, que será debatida este miércoles, según la cual los socialistas piden que la Cámara repruebe la actuación de la Consejería de Sanidad al contravenir el Reglamento de la Cámara y no facilitar a la diputada María Dolores Padrón Rodríguez copia del expediente completo sobre la contratación del Servicio de Hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y del Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote.
La propuesta de resolución presentada por la diputada socialista Dolores Padrón se refiere a la contratación del Servicio de Hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín, de Las Palmas de Gran Canaria, y José Molina Orosa, en Lanzarote.
En el texto de la propuesta que será debatida este miércoles en el pleno, la diputada recuerda que solicitó, el pasado 11 de noviembre de 2010, copia del expediente completo correspondiente a la contratación del Servicio de Hemodiálisis en los citados centros hospitalarios.
Según el PSC-PSOE, el presidente del Parlamento de Canarias remitió el 19 de noviembre de 2010 dicha solicitud al Gobierno de Canarias, contraviniendo lo establecido en el artículo 12.4 del Reglamento de la Cámara, que establece un plazo máximo de cinco días para darle curso.
VISITA URGENTE
En esta tesitura, el 19 de noviembre de 2010, los diputados María Dolores Padrón Rodríguez, Francisco Hernández Spínola y Francisco Manuel Fajardo Palarea solicitaron una visita urgente a las dependencias del Servicio Canario de Salud, con el fin de consultar el expediente citado.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 25 de noviembre de 2010, propuso la visita a dichas dependencias para el día 3 de diciembre de 2010, lo que se llevó a cabo.
El Gobierno de Canarias, continúa el PSOE, remitió el 26 de noviembre de 2010 una documentación al Parlamento que contenía sólo una pequeña parte del expediente reseñado.
En dicho escrito, firmado por el consejero de Sanidad, se señalaba, entre otras cuestiones, que "el procedimiento de contratación de la gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, para la prestación del servicio de hemodiálisis en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote aún no ha concluido".
Por lo que se entiende que concurre una razón fundada en Derecho que debe ser manifestada como dificultad que impide la remisión obligatoria de la documentación disponible, ya que al no existir una actividad resolutoria de la Administración no puede ofrecerse la completa gestión administrativa, relevante para el interés parlamentario.
En esta fecha, sin conclusión del procedimiento, no puede deslizarse una interferencia en las competencias del Ejecutivo por parte del Parlamento, que, así, se extralimitaría en sus funciones, según la administración.
"La supervisión que ejerce el Parlamento no puede justificar una invasión o injerencia competencial en funciones del Ejecutivo, dado que nuestro sistema se fundamenta justamente en la distribución estatutaria de competencias entre los dos Poderes y en una relación de confianza y control entre los mismos", apunta.
El 30 de noviembre de 2010, el Grupo Parlamentario Socialista remitió un escrito a la Mesa de la Cámara.
En este transmitía su "rotunda discrepancia" con el escrito del consejero de Sanidad, Fernando Bañolas, del pasado 25 de noviembre, para justificar la no remisión del expediente completo solicitado.
NO EXISTEN RAZONES JURÍDICAS
El Grupo Parlamentario Socialista Canario entiende que "no existen razones jurídicas" que impidan la remisión del expediente completo, aunque exista un recurso administrativo pendiente de resolución, y, por tanto, solicita el amparo de la Mesa del Parlamento de Canarias para que no se coarten los derechos de los parlamentarios a recabar y obtener de las administraciones públicas canarias cuantos datos, informes y documentos obren en su poder".
El Grupo Parlamentario Socialista Canario estima que no existe una prohibición o restricción legal en el acceso a los datos contenidos en los documentos solicitados, toda vez que el artículo 124.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, circunscribe la restricción a divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial.
Por tanto, los diputados no podrán divulgar dicha información, pero ello no es óbice para que la Administración tenga la obligación de facilitar a los parlamentarios los datos, informes y documentos que obren en su poder y que se han solicitado, para realizar su tarea de fiscalización y control.
