PALMA DE MALLORCA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament balear, Vicenç Thomàs, ha acusado al Govern de "expulsar" del sistema sanitario al colectivo de inmigrantes siguiendo la "línea dura" del PP en aplicación del Decreto Ley del Ejecutivo central, y "no la de la insumisión de otras Comunidades Autónomas, algunas del propio PP".
En una rueda de prensa, Thomàs ha calificado de "grotesco" que el propio conseller de Salud, Antoni Mesquida, haya justificado la decisión del Gobierno afirmando que "se quiere generar el menor impacto social", por lo que, a juicio del portavoz adjunto socialista, "se reconoce de facto el grave impacto que la medida tendrá sobre este colectivo".
Para Thomàs, el Ejecutivo del PP "ha estado jugando hasta el último minuto con el colectivo de personas inmigrantes sin papeles, actuando desde la improvisación". "Al final, el conseller Mesquida ha cedido a las presiones de Bauzá y a la línea dura del PP, en contra de sus propios principios", ha manifestado.
En esta línea, el diputado socialista se ha mostrado "muy crítico" por las consecuencias que tendrá esta "expulsión" de los inmigrantes sin papeles de la asistencia sanitaria y ha augurado un "mayor colapso del servicio de urgencias, la pérdida de calidad asistencial y un aumento de las enfermedades contagiosas". Además, para Thomàs, la medida "no supondrá ningún ahorro económico, sino todo lo contrario, más gasto".
Además, ha criticado que a pocas horas de la entrada en vigor del Decreto Ley, el Ib-Salut "todavía no haya dado ninguna instrucción a los profesionales sanitarios" y ha afirmado que "se está jugando con la salud de muchas personas".
El portavoz adjunto socialista ha alertado de los "muchos interrogantes y situaciones que quedan por responder con la aplicación de esta medida y que afectan a personas embarazadas, enfermos crónicos o menores de 18 años".
Finalmente, Thomàs ha acusado al Govern de estar "más interesado en la mercantilización de la atención sanitaria que preocupado por la salud de las personas".
"Con esta decisión del Ejecutivo autonómico, que "sigue las directrices restrictivas del Ministerio, la sanidad ha dejado de ser un derecho universal y gratuito para convertirse en un acto de consumo", ha concluido.
