Cabrer considera que las enmiendas a la totalidad ponen de manifiesto que existen dos modelos muy deferentes de gobernar en la CCAA
PALMA DE MALLORCA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
Tres de cada cuatro euros de los Presupuestos del Govern balear para 2012 se destinan a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, con lo que "se confirma que se mantienen los gastos que afectan a las prestaciones básicas" como garantía para los ciudadanos de Baleares.
Así lo ha destacado la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Mabel Cabrer, tras la reunión de la Junta de Portavoces del Parlament en la que se ha aprobado el orden del día del próximo Pleno en el que debatirán las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos grupos de la oposición, PSOE y PSM-IV-ExM.
"Son unos buenos Presupuestos", ha defendido Cabrer, porque "se recortarán los gastos inútiles, pero se garantizan los servicios sociales básicos", al tiempo que permiten dotar de estabilidad económica a la comunidad "tras aplicar importantes descuentos en los capítulos de personal que afecta a altos cargos".
El próximo martes también se aprobarán las cuantías globales del Presupuesto de la CCAA, que vienen marcadas "por un cambio de modelo". En este punto, Cabrer ha añadido que su partido "está satisfecho" porque se presenten sendas enmiendas a la totalidad porque "evidencia que hay dos modelos presupuestarios diferentes; el de los partidos de izquierdas y el del PP".
El del próximo martes, "es uno de los debates más importantes de la CCAA" y que, según ha recordado Cabrer, desde hace dos años no se llevaba a cabo en este Parlament, "lo que nos permite volver a la normalidad".
EL PSOE PIDE SU RETIRADA
Por su parte, la portavoz socialista en el Parlament, Francina Armengol, considera imprescindible que el Govern "retire" los Presupuestos y los vuelva ha hacer "de modo que sean adecuados para las necesidades de la comunidad, y sean rigurosos, trabajados y que ofrezcan soluciones a los problemas que tienen los ciudadanos de las Islas".
En este punto, ha remarcado que las Cuentas deben mantener el Estado de Bienestar y los servicios sociales públicos, algo que, a su juicio, "no se garantiza en absoluto".
