La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, defiende que la norma garantizará el acceso a la prestación "con seguridad y equidad"
PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha señalado este martes que Baleares ultima los trámites para que desde el próximo 25 de junio se aplique en las Islas la ley de eutanasia porque "evitará sufrimiento a pacientes y familias" y, además, "resolverá incertidumbres e inseguridades".
En una rueda de prensa junto al coordinador de Salud Mental, Oriol Lafau, la consellera ha explicado que la norma estatal responde a una demanda social y a años de reivindicaciones y ha defendido que se trata de un derecho "que se podrá ejercer con seguridad y equidad".
Según ha explicado, se está ultimando la creación y el reglamento de la Comisión de Garantía y Evaluación, que velará por la prestación del derecho en Baleares, y que podría estar lista para ser aprobada por el Consell de Govern a finales de mayo.
El proceso fijado por la ley y que ha explicado la consellera se divide entre tres fases. En primer lugar, la persona que desea acceder a la prestación debe ponerlo en conocimiento del médico responsables, un facultativo escogido por el propio paciente y que forma parte de su proceso de enfermedad. El paciente traslada al doctor su deseo para una primera deliberación.
El segundo momento es la solicitud firmada por este médico responsable, tras la primera deliberación, que pasa a un médico consultor, sin relación con el paciente aunque sí del campo de la enfermedad en cuestión y que elaboraría otro informe para ser elevado a la Comisión de Garantía y Evaluación, formada por cinco sanitarios y cuatro juristas, para resolver.
Según ha detallado Lafau, la ley marca que este proceso no debe prolongarse más allá de dos meses. El paso final sería la aplicación de los medicamentos destinados a poner fin a la vida del paciente. Este punto, ha añadido, podría llevarse a cabo en el domicilio o en un centro hospitalario, por el propio paciente o por una tercera persona.
La consellera Gómez ha explicado que podrán acceder a esta prestación, que estará incluida en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, personas mayores de edad y en plena capacidad de obrar, que deberán ejercer su derecho de forma autónoma, consciente e informada y que se encuentren en situación de sufrimiento grave, imposibilidad o sufrimiento físico o psíquico intolerable.
Además, deberán poseer la nacionalidad española o la residencia desde un periodo superior al año.
En este punto, el doctor Lafau ha señalado que en países donde está vigente este derecho el volumen de solicitudes y aplicaciones se sitúa alrededor del 0,006 por ciento de la población, ante algunas críticas que se refrieren a una posible "avalancha" de peticiones.
Otro de los asuntos en los que tanto Gómez como Lafau han hecho especial hincapié es la cuestión de la objeción de conciencia que, han apuntado, podrá ejercerse en cualquier momento del proceso.
En el caso de Baleares, todavía no se ha elaborado un registro de objetores, ha apuntado Lafau, que se ha referido a estimaciones de colegios profesionales de Cataluña que cifran la objeción en un 40 por ciento de los profesionales.
Respecto al perfil de pacientes que demandan el acceso a esta prestación, siempre siguiendo las referencias de otros países con leyes de eutanasia en vigor, Lafau ha señalado que la gran mayoría son personas que padecen enfermedades neurodegenerativas o enfermedades crónicas e incurables que generan un "sufrimiento insoportable".
Patricia Gómez ha destacado que Baleares es de las Comunidades Autónomas que más rápido está poniendo a punto la aplicación de la ley aunque ha insistido, sin embargo, que la aplicación de este derecho no irá en detrimento del derecho del acceso a los cuidados paliativos. "Seguiremos trabajando para que todas las personas al final de la vida tengan sus derechos garantizados", ha indicado.
