Thomàs asegura que la normativa marcará "un antes y un después" en la salud pública
PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -
Las administraciones de las Islas Baleares, con independencia de su departamento, considerarán la salud pública como elemento transversal en todas sus políticas de forma que "cualquier acción de gobierno tenga en cuenta la protección de la salud". Esto será posible gracias a la futura Ley de Salud Pública que se prevé que cuente con el apoyo de todos los partidos políticos y pueda ser aprobada por el Parlament "en una serie de meses".
Así lo explicó durante la presentación del Proyecto de Ley el responsable del área, Vicenç Thomàs, quien destacó que la normativa permitirá una "reforma necesaria" de la materia adaptándola a las nuevas necesidades sociales de las islas.
Asimismo, remarcó que el Proyecto de Ley, que fue aprobado por el Consell de Govern el pasado lunes, supondrá un "antes y un después" ya que defiende la necesidad de trabajar en la "prevención de las enfermedades y la promoción de la salud". Además, "intenta reorientar la visión del sector de la salud y sumar determinantes sociales" como las condiciones laborales o el entorno familiar, entre otros.
El responsable de Salud indicó que será la primera vez que una ley determine el conjunto de acciones que el Govern se compromete a desarrollar, así el "cómo lo haremos". Esto, explicó, supone una "modernización de la salud pública" puesto que implica cambios en el modelo productivo.
Thomàs aclaró que la Ley no supondrá nuevas funciones para las administraciones, sino que "reconocerá" las que tiene cada una. Asimismo, contempla alianzas intersectoriales para promover entornos que favorezcan la salud.
CREACIÓN DE LA AGENCIA DE SALUD PÚBLICA
La Ley incluye la creación de la Agencia de Salud Pública de Baleares que "podría estar en activo en un año" como un organismo autónomo adscrito a la Conselleria y que sustituirá a la actual Dirección General de Salud Pública y Participación y que tendrá como objetivo la planificación de las políticas de salud y la prestación de la cartera de servicios.
Ésta suscribirá un contrato programa plurianual con la Conselleria donde fijará la relación de servicios y entidades que debe prestar, así como sus objetivos, recursos y financiación. Thomàs remarcó que estará sometida al control financiero permanente de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
La cartera de servicios de la Ley contempla tanto el nivel colectivo, por ejemplo la contaminación acústica o atmosférica, como el individual, obesidad o abuso de sustancias que generan dependencias, entre otros.
Preguntada por las sanciones que incluirá la futura normativa, la directora general de Salud Pública y Participación, Margalida Buades, indicó que determina infracciones leves, graves o muy graves, éstas últimas van hasta los 6.000 euros. En cuanto a si se incluye en las multas a los denominados 'happy hours' que realizan algunos establecimientos, Buades señaló que habrá medidas que sancionarán la publicidad engañosa.
