MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional contra el Real Decreto 574/2023, de 4 de julio, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1950-1985.
Esta demanda se produce porque el nuevo RD establece que las ayudas a la talidomida deben deducirse de "cualquier otra ayuda o prestación de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en este Real Decreto que haya podido recibir la persona beneficiaria, procedentes de cualquier administración o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales".
Además, establece concretamente que la percepción de esta ayuda se deducirá de "las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1960-1965".
En el año 2018, la Ley 6/2018 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 estableció que "se concedería una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España".
En este apartado, también se especificaba que "estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965".
Sin embargo, el nuevo RD 574/2023, de 4 de julio, contradice esta indicación y, por ello, desde AVITE declaran que "se impugna el sinsentido de que la Ley 6/2018 dijera que las ayudas de ahora son compatibles con las del RD 1006/2010 y, sin embargo, el RD 574/23 prevea que hay que restarlas".
Por otro lado, AVITE demanda este RD ante la Audiencia Nacional porque "se ataca la exigencia del certificado del Registro Estatal de Enfermedades Raras previo informe positivo del Comité Científico Técnico de la talidomida para ser beneficiario".
"El RD obvia todos los reconocimientos de afectados por la talidomida que el propio Estado lleva haciendo en resoluciones administrativas firmes desde 2009 a propósito de jubilaciones anticipadas y otras situaciones", declaran.
En definitiva, "el RD 574/23 se aparta de la ley 6/2018 que desarrolla y, además, causa indefensión a muchos afectados españoles, a los que deja fuera de las ayudas al exigirles un documento que es incompatible con los reconocimientos oficiales como víctimas de la talidomida que ya se han llevado a cabo en España".
