MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Autismo España ha defendido la regulación de la figura del facilitador como prioritaria para el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, durante el encuentro 'Mujer y Justicia', organizado por el Ministerio de Justicia en Ifema.
"Es absolutamente necesario y prioritario la regulación de la figura del facilitador que actúa de puente comunicativo entre la persona con discapacidad y el operador jurídico y supone una garantía fundamental del acceso a la Justicia de las personas con discapacidad", ha declarado la responsable de Defensa de Derechos de Autismo España, Paloma Rodrigo.
Durante el encuentro, se han analizado los instrumentos que garantizan el acceso en igualdad a la Justicia de mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y extranjeros en los diferentes países europeos.
Así, Paloma Rodrigo ha expuesto las diferentes barreras que se encuentran las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia tras el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en España.
Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entre las que se encuentra la falta de accesibilidad cognitiva en los juzgados y tribunales, siendo necesario introducir los diferentes sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que garanticen el pleno acceso a la justicia de todas las personas con discapacidad.
"La formación de los diferentes operadores jurídicos sobre las diferentes discapacidades y la concienciación de estos sobre la nueva reforma se considera fundamental, así como del resto de la sociedad", ha añadido.
Uno de los problemas reconocidos en esta mesa, ha sido la falta de recursos en los diferentes ámbitos para favorecer el acceso pleno a la Justicia de mujeres, niños, personas con discapacidad y extranjeros.
Esta cuestión es "fundamental" para cumplir con el principio de las Naciones Unidas por el cual se reconoce la capacidad jurídica a todas las personas con discapacidad y, por tanto, "a ninguna se le puede negar el acceso a la Justicia con todas las garantías por razón de su discapacidad".
