El Sindicato Libre de Farmacéuticos ejercerá acciones legales contra aquellos cargos públicos que sugieran acuerdos contrarios a ley
VALENCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana han destacado este martes que el índice de seguimiento del cierre patronal ha aumentado en las tres provincias en el segundo día del paro indefinido convocado para exigir el pago de los 450 millones de euros que les adeuda el Consejo en una jornada en la que, según la Consejería de Sanidad, no ha habido incidentes y se han cumplido los servicios mínimos.
Así, si el 98 por ciento de farmacéuticos valencianos secundó la huelga el primer día, este martes el 98,5 por ciento no ha levantado las persianas, según han señalado a Europa Press fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (Micof).
Al respecto, han comentado que las farmacias de guardia, una de cada tres, están registrado "lógicamente pequeñas aglomeraciones" por el aumento de usuarios, aunque sin que se haya producido ningún incidente. Además, ha señalado que aunque pueda darse un desabastecimiento puntual de algún medicamento en alguna oficina, por el momento no se trata de un problema generalizado. En estos casos, se remite al enfermo a otra.
Del mismo modo, el seguimiento de la huelga de farmacias este martes en la provincia de Castellón es del 100 por cien, puesto que las dos oficinas que abrieron el lunes, este martes están en servicios mínimos, así que han cerrado todas las que podían hacerlo, según ha explicado a Europa Press el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Castellón, Jesús Bellver.
Por último, en Alicante el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia (COFA), Jaime Carbonell, ha cifrado en un 99,6 por ciento el seguimiento de la huelga. En declaraciones a Europa Press, Carbonell ha subrayado la ausencia de incidentes y el cumplimiento de los servicios mínimos, al tiempo que ha calificado el seguimiento de la protesta de "magnífico", aunque ha matizado que no le gusta el hecho de que se haya llegado a esta situación. "Lo que nos gustaría es cobrar", ha añadido.
Igualmente, ha subrayado que los boticarios alicantinos "seguirán adelante" con su reivindicación porque la situación económica que atraviesan, si bien ha expresado su pesar por las consecuencias que los cierres de las farmacias puedan estar provocando a los pacientes, de los que, no obstante, ha resaltado el "apoyo total y absoluto" que les están demostrando.
MANIFESTACIÓN EL VIERNES
Por otra parte, ha anunciado una manifestación de los boticarios de la Comunidad Valenciana para el próximo viernes por las calles de Valencia, que sustituye a las marchas previstas para el jueves en las capitales alicantina y valenciana, del mismo modo que se han descartado las concentraciones programadas para este miércoles frente a los ayuntamientos de los principales municipios, con la intención de concentrar las actividades en la manifestación.
Por su parte, la Consejería de Sanidad ha destacado que ha comprobado a lo largo de esta mañana que los servicios mínimos "se están cumpliendo" y que "hasta este momento no ha habido ninguna incidencia sobre el seguimiento de cierre o el suministro a las farmacias por los distribuidores".
Asimismo, fuentes de este departamento, que han señalado que "sienten las molestias que la huelga de las oficinas de farmacia puedan llegar a ocasionar a los ciudadanos", han reiterado que garantizan el acceso de los medicamentos y recuerdan que puede consultar las farmacias abiertas en todos los hospitales, centros de salud y ayuntamientos.
ACCIONES LEGALES
Por otra parte, el Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana, una entidad que se constituyó en 1979 y que cuenta con unos 200 socios, ha advertido este martes en un comunicado de que "ejercerá las acciones legales oportunas contra aquellos cargos públicos que sugieran actuaciones o acuerdos contrarios a ley".
Así, afirma que, según el concierto suscrito en 2004 con la Administración, a fecha de hoy "deberían de haberse abonado las recetas dispensadas durante el mes de septiembre de 2012 el pasado 30 de octubre".
Por ello, señala al vicepresidente del Gobierno, José Císcar, que el pasado viernes aseguró que el convenio actual establece un pago a 60 días, "debe tener en cuenta que estamos en un Estado de derecho y que como cargo público tiene unas responsabilidades: de no mentir a los ciudadanos cumplir con las leyes vigentes y actuar de acuerdo a la ley".
De este modo, recuerda que la ley de lucha contra la morosidad establece unas normas que las Administraciones "no pueden saltarse promoviendo acuerdos contrarios a dicha ley". Además, recalca que "existen dictámenes de Luxemburgo y sentencias de Tribunal Supremo que impiden la concertación individual", en referencia al nuevo modelo del "pronto pago" de carácter voluntario que plantea el Consejo.
