Archivo - Imagen de recurso de una consulta médica. - ISTOCK - Archivo
MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Audita Sanidad y la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública han denunciado este miércoles ante el Ministerio de Sanidad que el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) no supone un cambio estructural del modelo sanitario y permitirá mantener fórmulas de gestión público-privada.
"La ministra de Sanidad, Mónica García, sigue reiterando que con este proyecto de ley el sistema sanitario público iba a ser 100% público. Pues no es correcto ni es exacto", ha señalado Vicente Losada, integrante de Audita Sanidad.
Las organizaciones han celebrado este miércoles frente al Ministerio de Sanidad una rueda de prensa bajo el lema '¿A quién quieren engañar?', para mostrar su disconformidad con el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), impulsado por el departamento que dirige Mónica García y actualmente en tramitación parlamentaria.
"Ha habido algunas decisiones positivas en este proyecto, pero la letra pequeña permite que se siga manteniendo el modelo sanitario mixto público-privado", ha apuntado Losada.
En esta línea, las entidades subrayan que el proyecto establece que la gestión pública se llevará a cabo de "manera directa". Sin embargo, advierten de que esta redacción no impide que los conciertos y convenios con empresas privadas sigan siendo posibles, ya que varios artículos de la Ley General de Sanidad permanecen intactos.
Asimismo, critican que el texto mantiene la posibilidad de recurrir a mecanismos de gestión indirecta, por lo que las administraciones podrán seguir utilizando conciertos sanitarios, convenios singulares y concesiones administrativas.
"El proyecto no impide la privatización de servicios como diagnósticos, laboratorios, rehabilitación, atención domiciliaria o tecnología sanitaria. No pone ningún control ni limitación", ha añadido Losada.
Así, insisten en que, pese a la derogación de la Ley 15/1997, la privatización de centros públicos sigue siendo posible a través de otras normas que permanecen intactas, como la Ley General de Sanidad y la Ley de Contratos del Sector Público.
NO REVIERTE LAS PRIVATIZACIONES
Otro de los puntos con los que no están conformes es que el proyecto no establece ningún mecanismo para la recuperación progresiva de los centros privatizados. Así, critican que las concesiones y contratos existentes seguirán vigentes hasta su finalización, lo que, a su juicio, consolida el modelo privatizado durante años. Tampoco se contempla una planificación para su reversión y ponen como ejemplo el modelo Alzira, cuya concesión no fue renovada y cuya gestión revirtió a la Administración pública.
"Es posible la reversión, pero hay muchos contratos de temporalidad de 30 años. No se habla de la imposibilidad de prorrogarlos", ha indicado Ana Encinas, de la Coordinadora de Barrios y Pueblos.
Por último, lamentan que la ley no elimine el régimen sanitario especial de las mutualidades de funcionarios. "Los funcionarios de MUFACE, ISFAS y MUGEJU eligen cada 1 de enero si quieren que su asistencia sanitaria la preste la sanidad pública o una aseguradora. Esto es inadmisible y atenta contra la igualdad del resto de la población", ha declarado Encinas.
"La privatización no es más barata ni tampoco más segura. Al contrario, conlleva una reducción de plantillas y una peor atención. Este proyecto de ley no blinda la sanidad pública: se va a poder seguir derivando dinero público al sector privado", ha finalizado.
