MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez de Instrucción número 43 de Madrid, María del Coro Cillán, que tome declaración a nuevos testigos en el caso de la querella interpuesta por el doctor Luis Montes contra el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y contra seis médicos por denuncia falsa y falsedad en el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Esta orden reabre el caso después de que el pasado marzo la jueza acordara su archivo. La magistrada consideró entonces que la investigación estaba cerrada y no eran necesarias las prácticas de nuevas diligencias.
En la sentencia, la Audiencia estima el recurso presentado por Montes, López Varas y la asociación Derecho a Morir Dignamente. De este modo, ordena tomar declaración a tres inspectores Asesores del Comité de Expertos, Mariano Villanueva, Francisco Ramos y Ana Martínez, y a otro testigo que formó parta de la Comisión, pero que abandonó.
Fuentes jurídicas han indicado que la juez de Instrucción número 43 de Madrid ha citado para el próximo 30 de noviembre las toma de declaración de estos nuevos testigos.
La Audiencia madrileña considera estas diligencias "relevantes" y "necesarias" en tanto que tales testigos "pueden aclarar el contenido del asesoramiento que prestaron, si fue meramente externo o se limitó a una mera interpretación de las letras".
REACCIÓN DE MONTES
El doctor Luis Montes ha asegurado a Europa Press que la citación de los nuevos testigos implica que la Audiencia ha considerado que sus declaraciones "interesan al caso".
En este sentido, ha manifestado que esta nueva citación --prevista para el próximo martes, según ha revelado-- supone la "reactivación" del caso, algo que, según ha puntualizado, "resulta positivo". Según el ex coordinador de Urgencias del Severo Ochoa, el juzgado de Instrucción no consideró "relevantes" estas declaraciones, por lo que el caso "entró en un parón judicial".
Tras ello, ha afirmado que las nuevas declaraciones permitirán despejar dudas sobre las declaraciones del resto de expertos del comité, que "fueron muy confusas", según ha declarado. "La Audiencia nos da ahora la razón y por eso estamos satisfechos", ha apostillado.
PROCESO PENAL
En abril de 2009, la juez admitió a trámite una querella interpuesta por Montes y su compañero del mismo centro Miguel Ángel López Varas contra Lamela por dar pábulo a una denuncia anónima para acusar a Montes y a su equipo de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.
La querella se dirigía también contra seis médicos que participaron en un informe encargado por Sanidad en el que se acusó a Montes y a sus compañeros de sedaciones fuera de la 'lex artis'.
Se trata de Manuel Gómez Barón, del Hospital La Paz; Hernán Cortes, oncólogo del 12 de Octubre; Dolores Crespo, del Ramón y Cajal; Bartolomé Bonet, del Hospital de Alcorcón; Francisco López Timoneda, del Clínico San Carlos; e Isidoro Álvarez, de la Consejería de Sanidad.
En el escrito judicial, Montes esgrimía que los casos de sedaciones que investigaron los juzgados leganenses habían sido "sometidos a inspección previamente, incluso por el Comité de Ética del Hospital Universitario de Getafe", y que "no se demostraron indicios para plantear la denuncia".
Montes y López Varas consideraban en la querella interpuesta que la campaña y la investigación se iniciaron a raíz de una "denuncia anónima", que a su juicio no podía servir de base para "la actuación judicial" que se produjo.
'CASO LEGANÉS'
El ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid relevó a Montes y a su equipo de las Urgencias del Severo Ochoa el 11 de marzo de 2005 con motivo de las denuncias que les acusaba de de 400 homicidios por la presunta práctica de sedaciones irregulares.
El caso llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Leganés. En junio de 2007, el juez determinó que se produjo 'mala praxis' médica, si bien no pudo acreditar la conexión entre ésta y las muertes que se habían producido en las Urgencias. La causa se archivó.
En enero de 2008, un auto de la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el sobreseimiento de la causa, ordenando que se suprimiera toda referencia a la posible mala práctica médica de los profesionales del Severo Ochoa. Los magistrados no pudieron demostrar la relación causa-efecto entre las muertes de los pacientes y las sedaciones a las que fueron sometidos.
