MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de ASPE, Carlos Rus, ha solicitado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el sector de la sanidad privada sea considerado de forma previa en los criterios de reparto que fijará el real decreto del fondo autonómico sanitario de 10.000 millones de euros que el Gobierno ha anunciado hace semanas que pondrá en marcha.
Así se lo ha transmitido en una reunión mantenida este martes y en la que el ministro, tal y como ha informado la organización, se ha comprometido a dar una respuesta en un periodo de 10 días. El objetivo principal del encuentro ha sido exponer la "afectación" del sector ante un "contexto drástico" de limitación de la actividad de programación asistencial ordinaria, y sus consecuencias en la "dramática situación" económica y de viabilidad que vive el sector.
En concreto, Rus ha detallado al ministro de Sanidad los datos de implicación de los centros privados sobre la base de un estudio realizado en las últimas semanas con datos de marzo y abril a una muestra de 124 centros sanitarios que suponen el 42 por ciento de los hospitales privados generales de España y el 41 por ciento de las camas existentes en este tipo de centros sanitarios, suficientemente representativa para establecer el impacto consecuente que ha tenido el Covid-19 en el sector empresarial de la provisión sanitaria.
Los 124 hospitales privados señalados, que conforman la muestra del estudio, han asumido el 16 por ciento de los pacientes diagnosticados o con sospecha de Covid (19.289) y el 14 por ciento de los ingresos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) (1.536).
A nivel de actividad, todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa debido a la gestión de la pandemia: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83 por ciento, las pruebas diagnósticas un 79 por ciento y las Urgencias un 73 por ciento, las consultas un 67 por ciento, los ingresos hospitalarios un 58 por ciento, las determinaciones de laboratorio un 57 por ciento y los ingresos UCI un 52 por ciento.
Ante esta situación, el presidente de ASPE ha solicitado a Illa que en los fondos que el Gobierno tiene previsto repartir entre las comunidades autónomas para cubrir los costes sanitarios se contemple la compensación por los servicios asistenciales Covid y no Covid de pacientes derivados a la sanidad privada, bajo mandato de las autoridades sanitarias; y que en esos mismos fondos se contemple la compensación por los recursos asistenciales, plazas de hospitalización y plazas de UCI, puestos a disposición e informados de forma diaria a las autoridades sanitarias autonómicas.
Asimismo, ha pedido el establecimiento de medidas específicas para el sector sanitario privado que doten de liquidez a los centros, por la caída de actividad ordinaria: líneas de financiación ICO con carencia de 1 año exenciones y/o bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, entre otros.
Del mismo modo, Rus ha trasladado a Illa la necesidad de establecer de forma estable un IVA superreducido sobre las compras de equipos y suministros sanitarios, y la de retrotraer los efectos de esta regulación al momento de decretarse el estado de alarma. "La sanidad privada, que supone el 3,4 por ciento del PIB español y que da empleo directo a 266.000 profesionales, vive la situación de viabilidad más crítica de su historia y debe ser respaldada con medidas que favorezcan su supervivencia", ha zanjado Rus.
