MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), configurada por 12 asociaciones del sector sanitario, afirma que las estrategias de gestión sanitaria privada, especialmente la colaboración público-privada, "contrariamente a lo que publicitan sus defensores, no han demostrado en la práctica ventajas que aconsejen su adopción".
Así, en un comunicado firmado por la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), la Sociedad Española de Epidemiología Psiquiatrita (SEEP) o la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), entre otros, lamentan que "el discurso de la superioridad de la gestión sanitaria privada frente a la pública" se haya instalado en muchos de los discursos realizados por responsables sanitarios.
Las sociedades firmantes proponen transparencia ante cualquier medida adoptada, ya que "su contumaz ocultación supone un atropello flagrante al incuestionable derecho de los ciudadanos a la información y el incumplimiento de la obligación de los decisores públicos a rendir cuentas".
Asimismo, recuerdan que "la cuestión clave es cómo mejorar la gestión existente", y, dicho objetivo, añaden, "no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor".
A su juicio, "se logrará, en todo caso, introduciendo fórmulas de financiación capitativas debidamente ajustadas por riesgo y no mediante presupuestos históricos o contratos de gestión ficticios y revisables a conveniencia".
Pese a la retórica, aseguran "no se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones". "En buena medida por insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria para verificarlas, lo que parece traducir un importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático", añade.
Así, ante la "limitada información disponible" sobre este tipo de experiencias en España, advierte de que, una falta de información, "solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios".
En cualquier caso, "antes de adoptar medidas de elevado riesgo, largo compromiso y resultados inciertos", exige la "inmediata aportación" a los actores sociales, investigadores con capacitación en disciplinas políticas, económicas y sanitarias y a la ciudadanía en general, de información que permita juzgar si son ciertos los beneficios aducidos y correctas las medidas ya adoptadas.
