MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha apuntado a la importancia de alcanzar un pacto de estado en políticas de cuidados a las personas mayores, con visión a largo plazo por parte de los responsables públicos, con el fin de dar respuesta a las principales necesidades actuales a las que se enfrenta el sector.
Así lo ha puesto de manifiesto la presidenta de AESTE, Natalia Roldán, durante su intervención en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la que se ha trazado la hoja de ruta del sector en los próximos meses.
El sector de la dependencia aúna los servicios de residencias, centros de día teleasistencia y ayuda a domicilio y, en conjunto, aportan una facturación anual de 7.000 millones, supone un 0,6 por ciento del PIB y da empleo a más de 300.000 personas.
"Si el cuidado de los mayores ha sido siempre importante, y tras el paso de la pandemia se determinan como servicios esenciales aquéllos vinculados con la dependencia, como es posible que no lo sean ahora para garantizar su financiación", ha subrayado Roldán.
Asimismo, ha destacado la necesidad de que se alcance un sistema de cuidados de calidad, "accesible" para las personas mayores que requieran esos servicios, flexibles según varíen las necesidades, de libre elección para los usuarios, y con una financiación que garantice su sostenibilidad en el tiempo.
Para AESTE, la colaboración público-privada es "fundamental" para conseguir un sistema de atención a la dependencia que sea capaz de dar respuesta a las necesidades del colectivo de personas mayores, un grupo de población que actualmente representa a más del 20 por ciento de la ciudadanía estatal, y la única vía para generar mayores alternativas de elección para la sociedad civil.
"Es fundamental que consigamos un sistema robusto que, con todos los actores implicados, garantice los mejores cuidados a las personas. Tiene sentido que apostemos por la atención a la cronicidad sin hacerlo, de forma paralela, por los servicios de cuidados que se requieren a posteriori. Hablamos de los derechos de las personas mayores de hoy, que serán los nuestros en el futuro", ha añadido Roldán.
Dicho esto, ha avisado de que el Acuerdo de Acreditación aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales "aleja, aún más", del objetivo del 5 por ciento de plazas residenciales marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), incrementa los costes generando mayor presión para la economía de las familias y de las comunidades autónomas, además de generar "gran incertidumbre" para el abordaje de proyectos, ya sea en el ámbito residencial, en domiciliario o "frenando" inversiones que generan puestos de trabajo no deslocalizables.
