MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, ha anunciado este martes en el Senado que un equipo de asesores jurídicos de su departamento se va a desplazar mañana a Galicia para buscar nuevas fórmulas para ajustar a la legislación estatal la ley autonómica de uso racional de medicamentos, actualmente en suspenso tras ser recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC).
Según ha destacado Pajín durante la sesión de control en la Cámara Alta, desde su ministerio han propuesto a las comunidades "fórmulas alternativas" para racionalizar el gasto farmacéutico garantizando que sus ciudadanos tengan acceso a los medicamentos "en igualdad de condiciones que el resto de los españoles".
De hecho, ha asegurado, estas alternativas "ya están funcionando" en otras comunidades y, según Pajín, "todavía Galicia puede impulsar", haciendo alusión a aquellas medidas relacionadas con el impulso de genéricos.
"El Ministerio continúa trabajando y dialogando con la Xunta para ajustar su legislación" y, en este sentido, ha asegurado que en la reunión que mantendrán mañana mismo los asesores jurídicos de su departamento con el Gobierno gallego se pondrá de manifiesto "una vez más" su "voluntad de diálogo".
Durante su intervención, Pajín ha recordado que el recurso ante el TC se presentó para "garantizar a la ciudadanía gallega los mismos medicamentos que al resto de España, reforzar la capacidad de prescripción de los médicos y porque la incorporación de los medicamentos y la fijación de su precio es competencia y responsabilidad del Gobierno".
"En momentos de crisis, los responsables políticos debemos tomar medidas a corto y largo plazo para salvaguardar políticas públicas, convencidos de que es posible ahorrar en gasto farmacéutico, con equidad y garantizando el mismo catálogo de medicamentos se viva donde se viva", ha insistido la ministra.
De hecho, ha recordado, con la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia el pasado 1 de marzo permitirá un ahorro para Galicia de unos 78 millones de euros, y para el Estado superará los 1.000 millones de euros.
