ZARAGOZA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha recomendado al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón que estudie la posibilidad de desarrollar un protocolo o mecanismo para que personas afectadas por algún tipo de discapacidad sensorial sean atendidas por los servicios sanitarios de forma adecuada, "sin que dicha discapacidad suponga un obstáculo para ello ni un grave riesgo para su salud".
García Vicente realiza esta propuesta en una sugerencia por la que da respuesta a una queja recibida por la institución el 14 de mayo de este año y que tenía como objetivo mejorar la atención recibida por las personas sordas hospitalizadas.
En dicho escrito se ponía de manifiesto una serie de peticiones de la Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón, que indicaba que, a pesar de que se propuso la inclusión del servicio de interpretación en LSE en el Catálogo de Servicios Sociales "como garante de la accesibilidad a la comunicación y la información de las personas sordas, desde la Administración no se admitió la propuesta".
Según este colectivo "se produce una delegación de la Administración de su responsabilidad de garantizar la accesibilidad, sin articular las estructuras y medios necesarios para la prestación de los servicios de forma estable y suficiente".
Asimismo, la agrupación advertía en su queja de la "inestabilidad de la financiación de los intérpretes de LSE. Aún reconociéndose la importancia de la supresión de las barreras de comunicación, la financiación de los servicios de interpretación ha quedado a expensas de la disponibilidad presupuestaria para las convocatorias de subvenciones, incluyéndose en convocatorias de programas y actividades".
"DEPENDE DE LA BUENA VOLUNTAD"
Así, en muchas ocasiones la prestación del servicio ha dependido "de la buena voluntad del responsable en ese momento. Se han firmado contratos menores de carácter anual, que han dado comienzo a mitad de año, con lo que dejaban desprotegidas a las personas sordas durante una parte del año y cuya renovación nunca se ha producido porque al año siguiente el tema lo llevaba otro departamento, servicio o responsable que no consideraba que fuera necesario que las personas sordas tuviesen acceso a la información y la comunicación", detallaba esta asociación.
En este mismo sentido, lamentaban que "en los últimos años hemos observado además cómo se ha ido fragmentando y dispersando la responsabilidad de garantizar este derecho de la persona sorda", ya que desde diferentes departamentos del Gobierno de Aragón "se ha ido asumiendo y/o rechazando la responsabilidad de prestar este recurso, lo que ha dado lugar a diferentes formas de proceder en cuanto a la forma de asumir la responsabilidad (subvención, contrato, convenio)".
"Esta fragmentación trae como consecuencia aparejada diferencias en la valoración de los costes de este recurso y dificulta la organización del servicio en lo que se refiere a garantizar la disponibilidad de profesionales 24 horas, 365 días al año".
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Entre los principales problemas de los que alertaba la agrupación se encuentran que "se infravaloran los costes del servicio, creyendo que el gasto se reduce al tiempo que el intérprete pasa dentro de la consulta médica o la sala del juzgado, sin tener en cuenta los costes de desplazamiento, gestión y coordinación del servicio, así como la necesidad de disponibilidad, es decir, se nos exige que el servicio se preste 24 horas, pero no se valora ni se prevé el coste de tener un servicio abierto y disponible en toda la Comunidad autónoma".
Como respuesta a esta situación, la ASZA considera "imprescindible" la puesta en marcha de medios que apoyen a la comunicación de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas; y consideran "urgente" implantar los recursos necesarios y dotarlos de un presupuesto real.
Los ámbitos de actuación prioritarios serían "aplicar la filosofía de accesibilidad universal y diseño para todos en los recursos reconocidos en el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón, garantizando la accesibilidad en materias de comunicación a todos los recursos del Catálogo y adecuándolos a las necesidades de las personas sordas usuarias de los mismos", con una dotación de recursos técnicos y humanos especializados suficiente.
Además, este colectivo reclama el desarrollo de un protocolo de atención al paciente sordo en el ámbito sanitario, principalmente en el medio hospitalario "que actualmente es el que más carencias presenta"; y abordar la prestación de servicios de interpretación en servicios de urgencia, entre otras peticiones.
ESCRITO AL DEPARTAMENTO
Tras estudiar el documento presentado por ASZA, el Justicia se dirigió al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, que en su respuesta aseguró que el Ejecutivo, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, colabora y financia actuaciones dirigidas a consolidar la lengua de signos, aportando fondos a demandas de la propia Agrupación de Personas Sordas de Zaragoza y Aragón.
El compromiso del Departamento "sigue siendo el mismo" a pesar de la crisis, remarcó la Consejería, si bien admitió que el presupuesto con que cuenta "es muy inferior" lo que afecta de forma directa a las subvenciones que otorga.
El Justicia recuerda en su sugerencia que ésta no es la primera ocasión en que aborda el estudio de esta problemática, "que ya se incluyó en el Informe del año 2007 y entonces se puso de manifiesto la necesidad de una atención integral al colectivo formado por personas con grave discapacidad multisensorial, siendo para ello precisa la implicación de las administraciones sanitaria, social y educativa".
Respecto a la atención sanitaria, se remarcó en ese informe "la necesidad de establecer un protocolo de actuación cuando el paciente es una persona sordociega, que permitiera poder contar con una persona que supiera valorar la situación y poner para ello en marcha los procedimientos adecuados".
COMPROMISO INCUMPLIDO
El entonces Departamento de Salud y Consumo del Gobierno de Aragón aceptó la sugerencia, que proponía que, en el ámbito de la salud, la Administración garantizara que las personas sordociegas recibieran una atención adecuada, con la creación de los recursos que precisaran para ello.
Sin embargo, "a tenor del escrito que motivó el presente expediente se deduce que el compromiso de la Administración no ha sido desarrollado, al menos no íntegramente", por lo que realiza nuevamente su sugerencia.
Por último, el Justicia recuerda que "siempre" se ha mostrado favorable "a toda mejora asistencial conseguida a lo largo de estos años. Entendemos que no se debe renunciar a ninguna de las conquistas sociales del estado de bienestar, por una cuestión de principio y defensa de los ciudadanos, sin que el retorno a fórmulas de beneficiencia y de asistencia social básica pueda considerarse como alternativas adecuadas para atender supuestos de exclusión de la sanidad pública".
Por otra parte, "la determinación de la extensión de la asistencia sanitaria es una cuestión de política legislativa en la que, dadas las circunstancias actuales de crisis económica y de reorganización de medios y recursos, parece hacer necesario una racionalización del sistema además de la individualización de las diferentes situaciones que puedan darse".
"En este sentido, las urgencias deben quedar siempre cubiertas y debe garantizarse la atención a colectivos que merecen especial protección, con independencia de la discapacidad que padezcan", concluye García Vicente.
