Archivo - Aprobada definitivamente la Proposición de Ley del programa de cribado neonatal del SNS - ISAYILDIZ/ISTOCK - Archivo
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Proposición de Ley de modificación de normas sobre el programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha sido definitivamente aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, aceptando una enmienda incluida por el Partido Popular (PP) durante su tramitación en el Senado, con 185 votos a favor de esta última, ninguno en contra y 163 abstenciones, y que vincula su financiación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En concreto, la pretensión de mejora aportada a este texto por los 'populares' en la Cámara Alta incluye una nueva disposición final, para la referida financiación de este Programa y 'garantizar el cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes, que se determinará anualmente en los correspondientes PGE'.
Esta ley "es necesaria", pero "debe contar con una financiación que sea suficiente", ha indicado la miembro del PP, Elvira Velasco, durante el debate de esta norma destinada a reforzar esta prestación y garantizar su aplicación homogénea en todo el país, que en junio recibió el visto bueno de la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja y ya este mes el del Senado, pero con la citada enmienda que, finalmente, será incorporada a su articulado cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este sentido, ha defendido la enmienda presentada, ya que es necesario "garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Públicas". De cualquier forma, ha asegurado que "el texto que llega del Senado representa una oportunidad para reformar la equidad, la cohesión territorial y la capacidad del SNS para que todos los recién nacidos tengan la misma oportunidad de diagnóstico y tratamiento".
Uno de los grupos parlamentarios que se ha mostrado contrarios a esta enmienda, aunque sin votar en contra, ha sido el de Sumar, cuyo miembro, Rafael Cofiño, ha señalado que la misma "no fija una cantidad mínima, no establece una memoria económica, no define repartos entre comunidades autónomas o los criterios para hacer esos repartos, no crea una partida presupuestaria concreta y no regula transferencias finalistas".
Tras recordar que "la ejecución de las prestaciones de la cartera común del SNS es incluida en la cartera común básica de servicios asistenciales y esto ya está sometido al Sistema General de Financiación Sanitaria", se ha referido al contenido del texto inicial, que "pone en relieve uno de los grandes programas en salud pública, que es el de los cribados".
EL PSOE SUBRAYA QUE LA VIABILIDAD ECONÓMICA ESTÁ GARANTIZADA
En la misma línea se ha mostrado la miembro del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Carmen Martínez, quien ha indicado que la mencionada disposición adicional "no establece ninguna obligación presupuestaria real", por lo que "es un simple trampantojo sin fundamento". Además, ha recordado que la viabilidad económica de esta ley promovida por el PSOE estaba "garantizada" en virtud de "la Ley de Cohesión y Calidad del SNS", la cual fue "impulsada por la ministra Ana Pastor".
Esta reforma "nos compromete a la evaluación anual de pruebas de cribado para, en caso de evidencia, incorporarlas" y, así, "detectar un mayor número de enfermedades raras", ha continuado en su turno de palabra y después del ejercido por los miembros del Grupo Mixto, Águeda Micó, y Alberto Catalá, quienes han destacado las oportunidades que generan los cribados.
También han intervenido en este debate la integrante de EH Bildu, Marije Fullaondo, que ha expresado que hay comunidades autónomas que cuentan con 12 cribados y otras con 40, y la miembro de Vox, María de la Cabeza Ruiz, quien considera que "se siguen poniendo parches" porque lo necesario es revertir la descentralización.
Por último, el también representante del Grupo Mixto, Javier Sánchez, ha rechazado que esta ley incluya, desde su paso por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, otra enmienda que "blinda la confidencialidad del precio que el Estado paga a las multinacionales" en el proceso de financiación de fármacos.
