MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El apoyo de los jueces permitió realizar 902 trasplantes de órganos en 2020, según se ha puesto de manifiesto en las XXIII Jornadas de encuentro entre profesionales de la administración de Justicia y de la comunidad trasplantadora, organizadas por el Gobierno de Cantabria y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, de los 1.777 donantes fallecidos que se registraron en 2020, 315 requirieron autorización judicial, alrededor del 18 por ciento, una cifra que se mantiene estable a lo largo de los últimos años. En función del tipo de donante, se requirió la participación judicial en el 20 por ciento de los donantes en muerte encefálica, el 47 por ciento de los donantes en asistolia no controlada y el 12% de los donantes en asistolia controlada.
Con respecto a las características de los 315 donantes que requirieron autorización judicial, la mayoría eran varones (70%) y su media de edad fue de 48 años, inferior a la del global de donantes de órganos (59 años), probablemente por sus diferentes causas de fallecimiento.
De hecho, el traumatismo craneoencefálico no relacionado con accidentes de tráfico fue la causa de fallecimiento en el 42 por ciento de los casos judiciales y el traumatismo por accidente de tráfico en el 25 por ciento. Dichos porcentajes son del 9 por ciento y del 4,5 por ciento, respectivamente, en la cifra total de donantes.
Respecto a las actuaciones judiciales en estos casos, el pasado año se registraron 10 negativas judiciales a la donación, un tres por ciento. Este reducido porcentaje de casos en los que se considera que la donación podría interferir con la investigación judicial se mantiene estable a lo largo de los últimos años.
EL JUEZ, IMPRESCINDIBLE EN LA DONACIÓN DE VIVO
La figura del juez durante el proceso de donación es clave en los supuestos en los que las causas del fallecimiento inicien una investigación penal. Los principales motivos suelen ser: un accidente, un posible homicidio o un fallecimiento no certificado en el que deba realizarse una autopsia judicial para determinar su origen. En el resto de supuestos, el juez de instrucción no interviene.
Concretamente, su participación se inicia tras la presentación de una solicitud de autorización por parte del coordinador de trasplantes. El médico forense, adscrito a los órganos judiciales como perito, ha de especificar si la extracción de órganos puede interferir en el proceso de investigación de las causas de la muerte y elaborar un informe que permita al juez decidir si la donación puede o no entorpecer la investigación. Por eso es imprescindible que los profesionales que participan en estos casos conozcan bien cómo se realiza un proceso de donación.
Asimismo, tal y como se ha puesto de manifiesto en el encuentro, en 2020, 270 personas fueron donantes vivos en España. Para este tipo de intervenciones también se precisa la participación de los profesionales de la justicia. Interviene el juez de primera instancia y sus acciones buscan comprobar que el consentimiento que otorga el donante para la extracción de uno de sus órganos es voluntario y libre.
El documento de cesión del órgano se concede por este magistrado tras la comparecencia en sede judicial del donante, así como de todos los médicos que intervienen en el proceso. Estas actuaciones refuerzan la garantía y seguridad del procedimiento.
