SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los doce laboratorios farmacéuticos seleccionados el pasado mes de julio en la nueva convocatoria pública de selección de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han firmado esta semana el convenio, con una duración de dos años, con la que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales prevé ahorrar cerca de 200 millones de euros.
En una nota, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha señalado que este procedimiento, enmarcado en el Decreto Ley de Medidas Urgentes de Farmacia, permite seguir avanzando en la "eficiencia económica" del sistema sanitario público de Andalucía y utilizando "nuevos márgenes de mejora" que revierten en el sistema "sin mermar" la calidad del servicio prestado a los ciudadanos.
Asimismo, Sánchez ha señalado que esta convocatoria permite que aquellas personas que requieran hacer uso de estos medicamentos, siempre que hayan sido prescritos por principio activo, tengan "acceso siempre al mismo producto", con el mismo envase y la misma presentación, lo que facilita su identificación y, por tanto, la adhesión del paciente al tratamiento.
Entre los fármacos de los doce laboratorios firmantes se encuentran antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, antihistamínicos, antiinflamatorios, analgésicos, tratamientos para la hiperplasia benigna de próstata, antidemencia, antiúlcera péptica. Se estima que los medicamentos seleccionados comenzarán a dispensarse en las oficinas de farmacia de la comunidad a partir del mes de noviembre.
En la convocatoria resuelta ahora se incluían 43 principios activos diferentes de 34 subgrupos farmacoterapéuticos y con 99 marcas o denominaciones comerciales distintas. Un total de 17 laboratorios se presentaron a esta convocatoria que se publicó el pasado mes de abril en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
En concreto, los laboratorios seleccionados son: Arafarma Group, Abamed, Aristo Pharma Iberia, Serra Palies, Bluesfish Pharmaceuticals, Generfarma, KRKA, Vir, Korhispana, Rambaxy, Aurobindo, y Francisco Durbán.
Tal y como recogía la convocatoria, además de la oferta económica, las empresas que participaban en la misma debían acreditar que tienen capacidad para producir la cantidad requerida para dicho medicamento, así como su compromiso para garantizar el abastecimiento de manera que se pueda atender la demanda derivada de las prescripciones realizadas. De hecho, la capacidad de producción se ha tenido en cuenta como prioridad en caso de empate.
Dado que el precio de los medicamentos no se modifica, el colectivo de las oficinas de farmacia seguirá obteniendo los mismos márgenes de beneficio que determina la ley.
Contra esta convocatoria, el Gobierno central ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el que solicita la suspensión cautelar del procedimiento, sobre el que se ha producido un pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de Sevilla en el que rechaza dicha petición.
USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO
La selección pública de medicamentos es posible gracias a la prescripción por principio activo, una medida incluida en las políticas de uso racional del medicamento en las que Andalucía es "referente nacional".
La prescripción por principio activo es un modo de indicación recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y supone que los médicos no indican en sus recetas la marca comercial del medicamento sino el principio que produce la acción terapéutica. Actualmente, el 93 por ciento del total de recetas prescritas en la sanidad pública andaluza son por principio activo.
El objetivo es que los medicamentos que se entregan en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo sean los seleccionados por el SAS, de manera que se pretende "aprovechar" la economía de escala que supone seleccionar medicamentos para más de ocho millones de usuarios y conseguir con ello "mejoras económicas" procedentes de la industria farmacéutica que repercuta en la sostenibilidad del sistema sanitario.
En 2001 se comenzó a implantar este modelo de prescripción y, desde entonces, esta fórmula, junto a otras políticas de uso racional del medicamento, ha permitido reducir la factura farmacéutica sin menoscabo de la calidad y la eficacia del medicamento y han supuesto un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción por principio activo al conjunto del Sistema Nacional de Salud.
