Pide su retirada, alerta de que favorece el "enchufismo" al colocar "a sus afines" y recuerda que lo llevará a los tribunales si sigue igual
SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
La portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Ana María Corredera, ha acusado este jueves a la consejera de Salud, María Jesús Montero, de querer controlar el futuro de la sanidad pública andaluza, "incluso si su partido pierde las próximas elecciones autonómicas de marzo", con el actual borrador de decreto de Unidades de Gestión Clínica (UGC) que su departamento prepara tanto para el escalón de la atención primaria como el de la especializada.
La dirigente popular, quien este jueves ha anunciado en rueda de prensa que su grupo ya ha pedido la comparecencia de la titular de Salud para hablar de este tema en una próxima Comisión del ramo Salud de la Cámara autonómica, en la que además le pedirán la "retirada total" de este texto, ha advertido igualmente de que el redactado actual del mismo "posibilita los nombramientos a dedo" de los directores de las futuras UGC, que además pasarían a convertirse en una suerte de "virreyes" del sistema sanitario público andaluz "con capacidad para decidir todo".
"Después de estudiar en profundidad este el borrador, nuestra impresión es la Junta quiere crear un especie de administración paralela, con poder absoluto y fragmentando el sistema sanitario público andaluz tal y como funciona en la actualidad", ha alertado Corredera, para quien los directores de estas UGC "serán como virreyes, ya que podrán planificar sus recursos, decidir qué personal forma parte de su unidad de gestión, como se amplia la plantilla, como se asignan las retribuciones e incluso tendrán la capacidad de controlar las bajas laborales, flexibilizar el horario laboral, y la posibilidad de buscar hasta financiación externa (privada)".
Al hilo de ello, ha avisado de la "ruptura" de un modelo de sanidad pública, en el que no habría sitio para los pactos en mesa sectorial con los sindicatos o los convenios laborales. "¿Dónde quedará entonces la Mesa Sectorial de Sanidad, los convenios laborales o la igualdad de acceso a las prestaciones sanitarias?", se ha preguntado Corredera, quien también ha avisado del peligro de "politización de la sanidad y de la direcciones de las UGC".
"CONSOLIDACIÓN DE AFINES"
En esta línea, la dirigente popular también ha alertado de que este borrador "favorece claramente el enchufismo, ya que pretende dejar consolidadas las estructuras de poder del sistema sanitario público colocando a afines en las direcciones de las UGC por cuatro años y de forma inamovible".
De hecho, ha reprochado a la Junta que con este borrador "se acotan los nombramientos de los directores de las UGC de tal manera que no pueden ser alterados, ni en el caso de que se produzcan modificaciones funcionales en la estructura de la misma y sin poder mover a las personas nombradas".
Así, ha denunciado que esta forma de actuar "va contra el principio de funcionamiento de las administraciones públicas", toda vez que ha mostrado su temor de que esta forma de proceder "enmascare el asunto de fondo, que no es otro que el afán de controlar absolutamente todo, incluso si perdieran las elecciones autonómicas en el mes de marzo".
PREMURA EN QUE EL DECRETO SE APRUEBE EN DICIEMBRE
Preguntada acerca de si la premura de que este decreto vea la luz en diciembre responde precisamente a esta presunta premisa de la Junta, Corredera ha ironizado con el hecho de que, "cuanto menos es extraño que Salud lo saque a estas alturas".
Así, ha detallado que desde la Consejería "se pretende que todas las UGC estén constituidas a finales de diciembre y ya funcionando a primeros de enero", algo, ha insistido, "que parece cuanto menos sospechoso, en el sentido de que se le quiera dar esa estabilidad a final de legislatura, entrando incluso en vigor cuando ya se haya disuelto el Parlamento".
"Nos parece que es una forma de intentar controlar el presente y el futuro de la sanidad pública, gobierno quien gobierne", ha reiterado Corredera, para quien "aprobar este decreto a la altura de legislatura en la que estamos desde luego no es ni ético ni moral, máxime si se hace sin consensuar con sindicatos y profesionales del sector".
"DEJARLO TODO ATADO Y BIEN ATADO"
"Creemos que es una forma de querer dejar todo atado y bien atado para el futuro, aunque en democracia hay unas reglas que no se pueden romper", ha proseguido la responsable popular, quien se ha referido a este borrador como un "nuevo decretazo, ya que hablamos de unas 300 unidades de gestión clínicas en los hospitales y dispositivos de atención especializada y otras 200 en atención primaria, algunas de ellas que ya existen".
Además, ha recordado que "todas las fuerzas sindicales" ya han pedido la retirada de este borrador, a lo que PP "se une", ha dicho no entender la actitud de la Consejería "que no deja de abrir nuevos frentes, primero con los farmacéuticos y ahora con los sanitarios", ha apostado por buscar fórmulas de ahorro "desde la transparencia" y ha recordado que el propio presidente del PP-A, Javier Arenas, ya ha anunciado que si el decreto se mantiene tal cual y no se abre esa vía de diálogo irán a los tribunales.
Finalmente, Corredera ha dicho que este borrador de decreto "nace como respuesta a los nombramientos irregularidades que se han venido produciendo en el sistema sanitario público, los cuáles ya han tumbado tanto el TSJA como el Juzdado de la Contencioso número 12 de Sevilla".