HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de IULV-CA al Congreso de los Diputados, Pepa Beiras, ha declarado este miércoles en un encuentro con integrantes de la Plataforma Mesa de la Ría que "garantizar la salud de la ciudadanía es una prioridad fundamental" para Izquierda Unida por lo que, ha insistido, defenderá en el Congreso de los Diputados la necesaria realización de un estudio epidemiológico en la ciudad de Huelva.
Según ha informado IU en un comunicado, Beiras se ha comprometido a defender en el Congreso la recuperación medioambiental de la ría de Huelva y la restauración de las balsas de fosfoyesos que "servirá para generar hasta 4.000 empleos sólo en sus primeras fases, así como el cierre del vertedero de Nerva, garantizando los derechos de sus trabajadores".
Beiras ha explicado que la población de Huelva no puede seguir estando sometida a "la incertidumbre generada por actividades contaminantes", por lo que, ha insistido, desde IU se van a tomar medidas para "garantizar la salud de la ciudadanía y también para que ésta pueda participar en la toma de decisiones sobre las cuestiones medioambientales, impidiendo que se las impongan desde las administraciones sin contar con las aportaciones y propuestas de los colectivos afectados".
Beiras, junto con el candidato al Senado de IULV-CA, Antonio Maíllo; el número dos de la candidatura al Congreso, Juan Manuel Arazola, y el coordinador provincial de IULV-CA, Pedro Jiménez, ha mantenido un encuentro con integrantes de la Plataforma Mesa de la Ría, en el que le ha expuesto las propuestas medioambientales recogidas en el programa electoral de Izquierda Unida. En este sentido, Beiras ha destacado que "el modelo energético está basado en las fuentes energéticas renovables", para lo que defienden "un programa de cierre de todas las centrales nucleares".
Además, Beiras ha explicado que las propuestas de IU en materia de producción energética siguen "un modelo en el que la producción tiene que democratizarse y no basarse en la esquilmación de los recursos", por lo que ha defendido que la energía sea "considerada como un bien público universal y no como una mercancía, de modo que se apliquen tarifas eléctricas con la fijación de precios máximos y servicios mínimos que garanticen su uso por la población que la necesita".
Por su parte, Antonio Maíllo ha expuesto que IULV-CA reclama una política de "uso social, racional y sostenible del agua que no sólo consideramos como un recurso aprovechable, sino como un bien público y universal y que acceder a ella es un derecho humano que no puede estar sometido a los mercados ni a la privatización de las empresas públicas que tienen que gestionar su distribución entre la población".
