SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado este martes que la intención del Gobierno central de cobrar 710 euros anuales a los inmigrantes irregulares para recibir asistencia en la Sanidad pública (hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años) es, "sin duda", la de poner "un freno adicional a las comunidades autónomas que habíamos expresado nuestra voluntad de atender a todas las personas que residen en nuestro territorio como Andalucía, Asturias, País Vasco e incluso Cataluña".
En declaraciones a Europa Press, la consejera ha insistido en que este proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad --que aún no ha sido remitido a la Consejería-- es "un intento más del Gobierno de España de poner trabas a las comunidades que en sus Estatutos de Autonomía tienen reconocida la atención a estos colectivos", por lo que ha anunciado que desde la Administración andaluza se estudiará detenidamente el documento para "plantear las medidas que sean necesarias adoptar".
Aunque Montero ha dicho que aún es "prematuro" hablar de un posible recurso por parte de la Junta ante esta iniciativa del Ejecutivo de la Nación, sí ha querido recordar que, "evidentemente, ante cualquier norma que atente contra el Estatuto, el Gobierno andaluz tiene la obligación de defenderlo". El Estatuto andaluz, según ha recordado, recoge que tienen derecho a la atención sanitaria "todos los ciudadanos que viven en Andalucía y que tienen la vecindad administrativa, por lo que no supedita al pago de cuota a las personas que están empadronadas" en la comunidad.
La titular andaluza de Salud, quien ha reiterado que esta iniciativa confirma la senda del Gobierno de Mariano Rajoy de "quebrar el sistema público, universal y gratuito de salud" para orientarlo a un modelo "de cuotas", también ha criticado que la medida se plantee precisamente para inmigrantes en situación irregular, que son los que menos recursos tienen y los que "menos recursos sanitarios consumen".
"Resulta paradójico que se planteen cuotas como las publicadas para este colectivo, que no tiene recursos y que habitualmente no acude a los centros porque no tiene cultura de atención sanitaria y porque, principalmente, tiene un cierto miedo a que se le cobre", argumenta.
Además, según Montero, la atención sanitaria a estas personas es primordial "no solo por humanidad sino también porque un deficiente control de la situación sanitaria de la población puede tener consecuencias para terceros".
PENDIENTES DEL CONSTITUCIONAL
De otro lado, y a propósito de la publicación este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la admisión a trámite del Recurso de Inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno andaluz sobre la prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de la comunidad, Montero ha indicado que esta resolución es "justamente" una prueba más de que el Ejecutivo de la Nación quiere "romper el sistema sanitario público, universal y gratuito".
Por eso, ha dicho que la Junta espera que el Tribunal Constitucional "se pronuncie sobre el fondo de la cuestión" porque, a su juicio, la decisión del Gobierno central en este caso también "atenta contra el principio de protección universal recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Andalucía".
