SEVILLA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, se ha mostrado "convencida" de que el Gobierno central "no atenderá" el requerimiento elevado este mismo miércoles por la patronal de la industria farmacéutica 'Farmaindustria' para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy interponga un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley andaluz que permite la 'subasta' de medicamentos.
En declaraciones a Europa Press, Montero ha aludido al caso del 'cataloguiño' gallego y del presunto compromiso que la consejera de Sanidad de Galicia, Rocío Mosquera, ya ha destacado en varios foros acerca de la "voluntad" del actual Gobierno central de retirar el recurso contra el catálogo de medicamentos del Gobierno gallego elevado por el anterior Ejecutivo central.
"La verdad, no creo que se atrevan a presentar un recurso de inconstitucionalidad con el precedente gallego", se ha limitado a declarar la titular andaluza de Salud, quien, en cualquier caso, no ha dudado en advertir que "presentaremos batalla" en el caso de que el Ministerio elevase dicho recurso.
Sea como fuere, el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Manuel Cervera, quien participó la pasada semana en el 'Foro Salud, Sociedad y Empresa' que organizó en Sevilla la compañía Novartis, ya dijo que la posibilidad de entrar o no a debatir una posible inconstitucionalidad de la licitación pública de fármacos de Andalucía "es una acción que le corresponde al Gobierno" de la Nación.
"Es una acción de Gobierno, aunque no podemos salirnos del guión de lo que es el sentido común y la racionalidad", se limitó a esbozar Cervera.
Por su parte, Farmaindustria ha anunciado este miércoles que va a solicitar al Gobierno que preside Mariano Rajoy que interponga dicho recurso de inconstitucionalidad, al tiempo que también ha adelantado que sus servicios jurídicos están estudiando la adopción de acciones legales contra esta resolución del SAS.
Según ha enjuiciado Farmaindustria, su decisión se fundamenta en que la Junta de Andalucía pone en marcha un procedimiento previsto en su Decreto-Ley "que vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado, en materia de inclusión de medicamentos en la prestación farmacéutica pública y en materia de fijación de precio de los medicamentos financiados con cargo al SNS".
