Preside en Sevilla este Consejo, en el que contestará a las dudas del colectivo y dará a conocer las políticas dirigidas a los mayores
SEVILLA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha presidido este viernes en Sevilla el Consejo Andaluz de Mayores, un órgano de participación "con un papel especialmente protagonista" durante esta legislatura, "debido a la crisis y a las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy, que tienen especial afectación sobre este colectivo, con un impacto en términos de copago farmacéutico y dependencia", afirma. "Nos preocupa el sector desde la perspectiva de que nadie en Andalucía vaya a dejar su tratamiento o vaya a dejar de recibir los servicios de teleasistencia o asistencia a domicilio por tener pensiones austeras", destaca.
En este sentido, y en declaraciones a los medios, Montero ha dicho que desde su departamento se está "vigilante", y para ello se dispone de herramientas como la receta electrónica, que permite, entre otras cosas, "saber cuáles son los medicamentos que una persona retira, si se están retirando las cantidades que corresponden, o si, por motivos económicos, se está dejando de tomar alguna medicación". También en dependencia, porque "es fundamental" que pese a que "se haya incrementado la aportación al ciudadano en estos servicios, las personas sigan teniendo este circuito que le permiten mejor calidad de vida", apunta.
Al hilo de lo anterior, Montero ha hecho una aproximación de lo que "puede implicar" el copago farmacéutico y la subida del copago en dependencia para una pensión media en Andalucía. Así, ha explicado si la pensión media está en torno a los 735 euros, estas medidas "supondrán probablemente 45 euros más en relación a meses anteriores", lo que, traducido en términos de pensión, "supone una bajada de en torno a un siete por ciento", asegura la consejera.
Además, en el Consejo Andaluz de Mayores "vamos a someternos a cualquier duda que nos quieran plantear", ya que la información "es fundamental", sobre todo para aquellas personas "con especial dificultad para acceder a la misma porque no se manejan con las nuevas tecnologías", y añade que también se hablará de envejecimiento activo, ya que "necesitamos la participación directa de los mayores en la formulación de los planes que la Consejería va a impulsar, puesto que a veces ponemos en marcha medidas que no reciben las solicitudes correspondientes".
Cuestionada sobre qué le ha transmitido el colectivo de mayores por todo lo que está sucediendo, Montero ha insistido en que el sector está "preocupado" por la crisis, pero "no solo porque les afecte de forma directa, ya que son personas con vulnerabilidad por sus niveles de renta, sino porque viven con frustración que la sociedad esté caminando hacia un sendero que ni siquiera podían haber imaginado hace diez años, cuando tenían la clara convicción de que el estado de bienestar caminaba en la línea del avance, el progreso y el desarrollo". "Les preocupa que la crisis se aproveche para desmantelar aquello que supone un logro al que no quieren renunciar", asegura.
"Esto está en sintonía con lo que piensa el Gobierno de Andalucía, porque se podrán tocar muchas partidas presupuestarias, pero las políticas sociales --educación, sanidad, y bienestar--, son políticas intocables", por tanto, "no se puede seguir trasladando desde el Gobierno central un esfuerzo superior a las comunidades autónomas, porque de manera inevitable lo tienen que impactar en los servicios públicos", lamenta.
Al respecto, María Jesús Montero agrega que "si hay que repartir la flexibilidad en el objetivo del déficit planteado por Europa, no se entiende que la parte favorable del acuerdo con Europa se ponga en el Gobierno central, que no tiene una gestión directa en políticas de servicios públicos y, sin embargo, a las comunidades autónomas les haga llegar a un objetivo de déficit prácticamente imposible de poder conseguir sin tocar el 80 por ciento del presupuesto, que son las políticas sociales".
"ABSOLUTA DISCREPANCIA"
Por tanto, la consejera ha trasladado "su más absoluta discrepancia" con lo planteado por parte de Mariano Rajoy, porque "incide de forma directa en políticas sanitarias, educativas y sociales, que son las que gestionamos desde la comunidades". "Si hubiera qué decidir sobre qué entorno sería conveniente flexibilizar el objetivo de déficit, no tengo ninguna duda de que los ciudadanos, como nosotros, pensarían que son esas políticas las que hay que blindar y preservar", concluye.
