SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería andaluza de Salud y Bienestar Social ha confiado en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy eleve al Tribunal Constitucional "de forma inminente" el euro por receta implantado desde julio por el Gobierno de Artur Mas, y que también se introducirá a partir de enero de 2013 en la Comunidad de Madrid, después de que el mismo Consejo de Estado haya emitido un informe en el que considera que la implantación de este pago es inconstitucional, "ya que contraviene la distribución de competencias".
Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero consultadas por Europa Press han instado así al Gobierno central a que "acelere" la remisión de este caso al Alto Tribunal, "de la misma forma que se hizo con Andalucía, hasta en dos ocasiones, tras la implantación de la subasta de fármacos", en referencia a los recursos que el Estado elevó primero contra la resolución y después contra el decreto andaluz que autoriza a estas subastas públicas de subgrupos terapéuticos a las farmacéuticas que presenten la mejor oferta económica.
Las citadas fuentes han advertido además que, "entre tanto el Gobierno central no de celeridad a este recurso, cada día que pasa los usuarios en Cataluña están perdiendo más dinero con este repago, además del riego que se corre ante la falta de adherencia a los tratamientos por lo elevado de los costes a los que tienen que hacer frente los pacientes".
Precisamente la propia María Jesús Montero ya animó este pasado viernes a Rajoy a que recurriese "con la misma celeridad que hizo con Andalucía" el euro por receta implantado en Cataluña, calificado a Europa Press de "Gobierno de contrastes" la política llevada a cabo por el Ejecutivo Gobierno central.
"Cuando Madrid ha anunciado también esta medida, el Gobierno parece ahora no compartirla, por lo que cabría esperar una medida similar como la de Andalucía, que fue acudir a los tribunales inmediatamente", reiteraba la titular del ramo, quien, sea como fuere, ya había reconocido que alberga "dudas" de que realmente sea así.
"Se rechazan públicamente con la boca pequeña, pero luego se están permitiendo que se haga", sostenía Montero, al tiempo que acusaba al Ministerio de Sanidad de estar actuando "de mero espectador ante anuncios tan graves como el desmantelamiento del SNS con los anuncios de privatización en las comunidades donde gobierna o medidas como el euro por receta".
"Luego hablan de la cohesión territorial o de la igualdad de los ciudadanos ante la ley para cuestiones menores, pero para cuestiones de este tipo solo escuchamos declaraciones formales, aunque la operativa que frena esas iniciativa todavía no se han producido", zanjaba.
El dictamen ahora del Consejo de Estado, emitido el pasado 21 de junio y del que también informó en el Senado el pasado martes el ministro de Hacienda y Administraciones públicas, Cristóbal Montoro, considera que "existen fundamentos jurídicos suficientes para la interposición de recurso de inconstucionalidad con los artículos 16, 41 y 94.1 de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos", que recoge el euro por receta.
El Consejo considera que la norma contraviene el orden constitucional de distribución de competencias y "excluye el derecho de tanteo reconocido al Estado en virtud de sus competencias, lo que conduce a apreciar la existencia de fundamentos suficientes para proceder a su impugnación"".
A pesar de la solicitud de este informe para un eventual recurso de inconstitucional, tanto el ministro Montoro en el Senado, como antes la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han apostado por la vía del diálogo para la retirada de esta tasa antes de llegar al Constitucional.
Ese diálogo ya se ha iniciado con el Gobierno catalán, que la puso en marcha el pasado mes de julio, y el Ejecutivo ha formulado un requerimiento previo de diálogo con la Comunidad de Madrid para comenzar las conversaciones cuando entre en vigor esta tasa el próximo 1 de enero.
