Satse pide que se depuren responsabilidades con el cese del director de Distrito "que conocía los hechos y los consistió"
SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) al pago de 6.200 euros por discriminar a una enfermera a la que no se renovó su contrato mientras se encontraba de baja por riesgo durante el embarazo.
Según informó hoy el sindicato de Enfermería Satse-Sevilla, que presentó la demanda, la sentencia condena al SAS a indemnizar a la enfermera con 6.200 euros en concepto de daños y perjuicios, así como al restablecimiento de todos sus derechos en lo relativo a tiempo trabajado del periodo, en el que "indebidamente estuvo cesada por la actuación discriminatoria de la Administración Sanitaria", tal y como relata el propio fallo judicial.
La enfermera venía trabajando en el Distrito Sanitario Sevilla Sur como eventual estructural desde el 1 de diciembre de 2006, cubriendo un "hueco" en la Zona Básica de Utrera. Desde esa fecha ocupó la plaza de enfermera con sucesivos contratos concatenados hasta el pasado 30 de septiembre de 2009, momento en el que se encontraba de baja por embarazo de alto riesgo.
En esa fecha, el Distrito "decidió no renovarla, mientras sí lo hacía con el resto de profesionales que se encontraban en idéntica situación contractual que la embarazada", según sostiene Satse.
Así, la sentencia, recogida por Europa Press, declara ahora "nula" la actuación del Distrito Sanitario por "vulneración del artículo 14 de la Constitución", que prohíbe "la discriminación por razón de sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
De igual forma, condena al SAS a abonar a la denunciante una indemnización por daños y perjuicios de 6.200 euros, correspondientes a las cantidades dejadas de percibir en el período que ha permanecido sin contrato.
Junto a la indemnización económica, el fallo judicial también obliga al SAS a que restablezca todos los derechos de la enfermera al momento anterior al cese. Así, se le reconoce a todos los efectos, tanto de cómputo en la bolsa de empleo y como en futuros procesos de selección, como tiempo trabajado y cotizado el periodo en el que indebidamente estuvo cesada por la actuación discriminatoria de la Administración sanitaria demandada, incluido el abono de las cuotas a la Seguridad Social.
DIMISIONES
A tenor de esta sentencia, Satse consideró que, "por coherencia", estas actuaciones deberían conllevar que los cargos directivos del Distrito Sanitario Sevilla Sur, "tanto del director-gerente, Miguel Sanz, como del director de personal y desarrollo profesional, Juan Carlos Díaz, fuesen puestos a disposición del SAS y de la Consejería de Salud, ya que es imposible que quien ha permitido una actuación de esta índole continúe ejerciendo un cargo directivo sin la lógica sospecha de posibles vulneraciones posteriores", según sostuvo en una nota.
A juicio de Satse, el SAS "no puede mantener en sus cargos a personas a las que no les ha importado cercenar el derecho al trabajo de una enfermera embarazada", que tildó de un hecho "gravísimo" que reviste "suficiente entidad para que de inmediato sean depuradas todas las responsabilidades".
"Si la Gerencia del SAS no acuerda su cese fulminante, Satse entiende que avalan estas actitudes e irregularidades, ya que es el SAS como institución quien resulta condenado por las actuaciones de algunos de sus cargos directivos", agregó.
PRECEDENTES JUDICIALES
Por otra parte, el sindicato de Enfermería recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya resolvió un caso idéntico en marzo de 2008, condenando al SAS por "comportamiento discriminatorio por razón de sexo" con una enfermera del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, a la que no se renovó su nombramiento por su condición de embarazada.
En dicha sentencia, también ganada por la asesoría jurídica de Satse, se obligó al hospital a readmitir a la enfermera en el mismo puesto de trabajo con abono de sus retribuciones desde la fecha en la que se interrumpió su relación laboral con el SAS.
Finalmente, este sindicato lamentó que las profesionales sanitarias tengan que acudir a los tribunales "ante los reiterados incumplimientos de la legalidad por parte de los gestores del SAS que, al tratarse de un organismo público, se suponen garantes del cumplimiento de las normas".
Por todo ello, Satse animó a todas las profesionales a que denuncien si se encuentran en situaciones similares en las que se vulneran sus derechos fundamentales.
